La Abogacía del Estado recurrirá la absolución a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas
La Abogacía del Estado recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia absolutoria de la Audiencia de Las Palmas a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en el caso de fraude a la Seguridad Social y Hacienda que se inició por una denuncia del sindicato USO sobre Seguridad Integral Canaria.
El recurso de la Abogacía del Estado ha sido comunicado a EFE este viernes por el letrado Alejandro Royo-Villano, que ha sido una de las cuatro acusaciones que se ejercieron contra los dos acusados.
La Abogacía del Estado acusaba de cinco delitos de defraudación a Hacienda y nueve de fraude en cotizaciones a la Seguridad Social.
El sindicato USO ya había anunciado su decisión de recurrir la sentencia, una decisión que entiende que está avalada por el voto particular de una magistrada de la sala que discrepó con “gran contundencia, el pronunciamiento de los otros dos jueces”.
La Audiencia de Las Palmas fundamentó su sentencia absolutoria, en su mayor parte, en la nulidad de la instrucción que provocó el juez Salvador Alba al manipular la causa contra Miguel Ángel Ramírez para tratar de perjudiciar a la entonces diputada de Podemos Victoria Rosell. Alba cumple en la actualidad seis años de cárcel por ello.
En cuanto al único ejercicio fiscal que quedaría fuera de esa nulidad, la Audiencia no observó suficientes pruebas de que Seguridad Integral Canaria eludiera sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
La magistrada que emitió el voto particular, sin embargo, sostiene que, entre 2009 y 2013, Miguel Ángel Ramírez “recurrió a una ficción consistente en disfrazar de pago de dietas, lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC)”.
Seguridad Integral Canaria ocultó y omitió, con el consiguiente perjuicio para el erario público, el pago de 1,6 millones de euros en 2009, 1,6 millones en 2010, 1,4 millones en 2011, casi un millón en 2012 y un millón en 2013 a Hacienda y de más de 11 millones de euros entre enero de 2009 y diciembre de 2012 a la Seguridad Social, según la magistrada.
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