En peligro la vacunación de 65.000 riojanos 

El Gobierno central pone en peligro la vacunación de 65.000 riojanos. Así de rotundo se muestra el colectivo de enfermeros tras el "retraso arbitrario" de la aprobación de la prescripción enfermera (un Real Dereto de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros).

Por esta razón, este colectivo ha solicitado una "reunión urgente" al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para que explique "las verdaderas razones del retraso en la aprobación del Real Decreto". En caso de no obtener respuesta favorable del Gobierno, SATSE advierte de que convocará una huelga "inminente en toda España". Paros que ponen "en serio peligro la campaña de vacuación que comienza este mismo lunes porque "la situación generada por el Gobierno central conlleva la exigencia de ceñirnos exclusivamente a aquellas actuaciones legalmente establecidas para el ejercicio profesional de los enfermos".

Necesidad de prescripción médica oficial, también para las vacunas

Sin la aprobación de este Real Decreto, las enfermeras y enfermeros "no podemos realizar ninguna actuación terapéutica relacionada con el medicamento si no va acompañada de una prescripción médica oficial". Y como primera medida, "no podremos vacunar directamente a los 22 millones de personas, 65.000 riojanos, porque las vacunas son medicamentos sujetos a prescripción médica". De esta forma, los pacientes tendrán que acudir primero al médico para que éste les realice la correspondiente prescripción de la vacuna y, posteriormente, acudir a su enfermera para que se la administre. Modus operandi que está sujeto a las leyes vigentes ya que "si las enfermeras administraran directamente las vacunas, estarían cometiendo un delito de intrusismo profesional tipificado en el Código Penal y vulnerando el Código Deontológico de la Enfermería Española".

Y de hecho, apuntan, ya hay enfermeras inhabilitadas por prescribir medicamentos. En concreto, una profesional valenciana inhabilitada en su ejercicio profesional durante un año y medio por sentencia firma del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esta inhabilitación fue como consecuencia de haber administrado de forma autónoma un paracetamol a un paciente, sin prescripción médica previa, a pesar de que dicho medicamento sí estaba indicado para dicho caso y no existió ningún efecto adverso derivado de la misma. El paracetamol es un medicamento que no requiere receta médica y puede comprarse libremente en farmacias.