Enfermería podría denunciar a La Rioja por animar a saltarse la norma de prescripción

Enfermería podría denunciar a La Rioja por animar a saltarse la norma de prescripción

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Los servicios jurídicos de la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, están estudiando “las posibles acciones judiciales a realizar para evitar que los gobiernos autonómicos animen a los profesionales enfermeros de sus respectivos servicios de salud a 'saltarse a la torera' el Real Decreto que regula la prescripción enfermera”.

A juicio de la Mesa de la Profesión Enfermera, es “absolutamente inadmisible” que algunas comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, hayan difundido entre sus profesionales documentos (instrucciones, circulares, cartas, notas informativas, entre otros) en los que señalan que el Real Decreto “no es aplicable en su territorio por distintas razones”. La Mesa apunta, al respecto, “que están malinterpretando la ley, lo que está generando confusión e inseguridad entre los profesionales afectados”.

La Mesa de la Profesión Enfermera envió recientemente una carta a todos los consejeros de Salud de las CC.AA. para recordarles que el Real Decreto de prescripción enfermera “es una norma básica estatal, por lo que no existe forma alguna de evitar su aplicación”.

De igual manera, les informó de que ningún enfermero en todo el Estado está acreditado para prescribir; que los protocolos hasta ahora existentes en la práctica asistencial ya no son válidos porque no cumplen los requisitos exigidos en el RD, y que, en lo relativo a medicamentos sujetos a prescripción médica, es imprescindible que el médico determine previamente la prescripción, el diagnóstico y la selección del correspondiente protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir, así como que realice el oportuno seguimiento de la evolución del tratamiento.

Por otro lado, la Mesa de la Profesión Enfermera está recibiendo un número cada vez mayor de peticiones de los propios profesionales para realizar acciones de presión más contundentes ante las diferentes administraciones públicas, como movilizaciones o la convocatoria de una huelga.

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