15 sentencias condenan a empresas del SAD y al Ayuntamiento a pagar nóminas pendientes

Al menos 15 sentencias por el momento condenan a las empresas adjudicatarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), Adlar y Servisar, y al Ayuntamiento de Logroño, a pagar de forma solidaria las nóminas impagadas a sus trabajadoras entre mayo y junio,impagadas a sus trabajadoras entre mayo y junio, más la extra de verano y la parte proporcional de las vacaciones, del año 2015.

Así lo han avanzado la secretaria del Sector de Acción e Intervención Social y Dependencia de FSP-UGT de La Rioja, Ana Victoria de Vigo, y la delegada del sindicato en el Comité de Empresa de las firmas adjudicatarias, Inmaculada Rubio, quienes han avanzado que, en total, hay presentadas por este temas 49 denuncias desde UGT, más otras 11 por otros sindicatos y abogados.

Como ha detallado De Vigo en rueda de prensa, las denuncias proceden de una situación de impago que se dio en la firma Adlar, entonces adjudicataria del SAD, en los meses de mayo y junio del año pasado, que incluyó tanto las nóminas de estos dos meses, como la paga extraordinaria de junio y la parte correspondiente de las vacaciones.

En total, se deberán reembolsar cantidades entre 1.500 a 4.200 euros por cada trabajadora, que, ahora, “deberán devolver tanto las empresas, Adlar como adjudicataria y Servisar como la empresa que se hizo luego cargo, a partir de julio del año pasado, del servicio y de las trabajadoras subrrogadas, como por parte del Ayuntamiento”, como responsable del servicio público.

De Vigo ha recalcado que, por parte municipal, “ya se conocía antes de hacer la adjudicación a Adlar, en el año 2012, que la empresa tenía problemas”, que incluso se dio a conocer por el sindicato a la concejala Paloma Corres, “pero que no impidió que se le adjudicara el contrato”.

Una situación “precaria” de la empresa llevó, por ejemplo, “retrasos en los pagos de 20 días” y que, con el tiempo, “se fue agravando hasta llegar a los impagos en esos meses”. “Una situación insostenible, que llevó a más de una trabajadora a pedir ayuda a los servicios sociales, pese a tener su empleo”, ha afirmado la responsable sindical.

Por ello, se presentaron las denuncias, que, hasta el momento, han dado lugar a las 15 sentencias condenatorias para las empresas y para el Ayuntamiento, “y esperamos que todas las que quedan vayan en la misma línea”.

De Vigo ha lamentado que “el Ayuntamiento sea cómplice en esta situación de precariedad laboral, al no haber tenido en cuenta las advertencias al respecto que les hicimos”. Por ello, ha considerado que estas sentencias “tiene especial importancia, porque plantean la responsabilidad municipal”.

Una responsabilidad que, a su juicio, “en temas sociales como éste, en los que está implicada la atención a las personas, deben ser resposables las instituciones”, a las que ha llamado “a velar y garantizar los derechos de las trabajadoras de estos servicios, que son servicios públicos y que deben ser de calidad”.

“Estamos -ha concluido- contra la externalización de estos servicios, que se hace a empresas que, muchas veces, para ganar, rebajan excesivamente el precio de la hora de servicio prestado, y eso repercute tanto en la calidad del servicio como en las condiciones de los trabajadores que lo prestan”.