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El 11 de julio de 2016

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Elegido el jurado popular para el juicio por allanamiento de morada

Se trata de un médico, tres operarios, un viajante, un chófer de autobús, un jubilado, un trabajador del Seris y un experto en serigrafía.

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Siete hombres y dos mujeres (más dos suplentes, un hombre y una mujer) han resultado elegidos para formar el Jurado que emitirá veredicto en un juicio por allanamiento de morada según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Las profesiones de los miembros elegidos para el jurado son: un médico, tres operarios, un viajante, un chófer de autobús, un jubilado, un trabajador del Seris y un experto en serigrafía. Sus edades están comprendidas entre los 34 y 62 años. Hay cuatro casados, cuatro solteros y un divorciado. Todos son de Logroño salvo dos que residen en Cervera del Río Alhama y Arnedo. Los suplentes trabajan en el sector comercial y en la docencia. Tienen 24 y 48 años, son solteros y uno reside en Logroño y otro en Villoslada.

El Tribunal Popular deberá decidir sobre la culpabilidad de una madre y su hija de un delito de allanamiento de morada y una falta de hurto, por el que el fiscal solicita 3 años de prisión, 3.000 euros de indemnización por el daño moral ocasionado a la víctima y multas por importe de 1.650 euros. También solicita incomunicación y alejamiento de la víctima, de su domicilio y lugar de trabajo durante 5 años.

Según el relato de la acusación pública, en septiembre de 2014 una mujer de 53 años decide alquilar un piso en Logroño para cuidar a un familiar enfermo. Seguidamente contacta con una de las acusadas para que se encargue del familiar impedido. En octubre acuerda con ella alojamiento en la casa y un contrato de trabajo tras un periodo de prueba. Días más tarde la acusada pide que su hija también viva en la casa. Poco después la persona enferma a la que deben cuidar es ingresada en el hospital, por lo que su familiar decide prescindir de los servicios de las acusadas. Estas se niegan a abandonar la casa donde permanecen bajo amenazas hasta que son denunciadas por la víctima ante la Policía y son desalojadas el 10 de noviembre. Durante su estancia, las acusadas se apropiaron de un anillo y de una llave de automóvil.

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