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No habrá sanciones para los responsables de destruir un soto en el Caso Cidacos

No habrá sanciones para los responsables de destruir un soto en el Caso Cidacos

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El Ayuntamiento de Calahorra cumple la sentencia del TSJ para tratar el Caso Cidacos en Pleno y vuelve a exonerar de sanciones a los responsables de la destrucción de un soto.

El Caso Cidacos regresó al Pleno municipal en cuya última sesión se debatió el dictamen de la comisión informativa sobre este asunto; un dictamen que “ya en su día exoneró de sanción a los responsables de las obras y a los propietarios de los terrenos del Sector Cidacos por la destrucción de 4,5 hectáreas de soto silvestre durante las obras de urbanización realizadas en el año 2007”.

Este caso tuvo que ser tratado después de que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja “declarase nulo el cierre del expediente sin sanción por parte del alcalde de Calahorra”. La Audiencia Provincial dictaminó en el mes de julio que el alcalde “no tenía competencias para tomar esa decisión y que debía ser el Pleno quien decidiera si se imponían o no sanciones”.

El Pleno, celebrado el lunes, fue muy similar al celebrado el pasado 26 de julio, en el que se trató exactamente el mismo asunto pero en aquella ocasión, “no por indicación de los tribunales, sino porque los grupos de la oposición municipal presentaron una propuesta de sanción en Comisión Informativa que debió tratarse en el Pleno, donde fue finalmente rechazada”.

Así, este lunes, el alcalde se inhibió de nuevo por haber sido el instructor del expediente que se saldó sin sanción. Se emitieron por tanto 20 votos de los que diez fueron a favor del expediente no sancionador (ocho del PP más dos de Ciudadanos). Los otros diez votos fueron en contra (8 del PSOE, uno de IU y uno de PR). El voto de calidad de Rosa Ortega, a la sazón alcalde en funciones por la inhibición de Luis Martínez-Portillo, dirimió el caso.

El informe del aparejador municipal “no gustó en absoluto a la oposición, especialmente al PSOE que acusó una vez más a este funcionario de pasar por alto deliberadamente lo establecido en el plan parcial del Sector Cidacos y otras irregularidades cometidas por Lázaro-Conextran”. Jesús Mª García “acusó” también nuevamente al PP de hacer un “ejercicio de cobardía política” al escudarse en un informe técnico que considera “troquelado”.

Margarita Aldama, del PR+, dijo “que chirría” el hecho de que el informe “lo haga el aparejador municipal habiendo un arquitecto en el Ayuntamiento y que éste tarde 5 meses en presentarlo concediendo tan poco valor natural al soto”.

Por su parte, Óscar Moreno de IU, se preguntó qué clase de derechos defiende el Ayuntamiento, “que impone una multa a un ciudadano por pegar carteles en las farolas y deja pasar sin sanción a una constructora que destruye un soto”.

El 'quid' de la cuestión parece estar “en una posible diferencia entre el plan parcial del Sector Cidacos y su proyecto de urbanización. Este último contemplaría la construcción de un muro de protección en el terreno que ocupaba el soto, cuya destrucción en cualquier caso habría sido ilegal; de ahí que el Ayuntamiento impusiera en su día medidas para restituir lo destruido (replantación de árboles en una zona cercana y plantación de chopos en los terrenos municipales del paraje de Manzanillo)”.

El PSOE además “concede superioridad al plan parcial respecto al proyecto de urbanización, pero también es cierto que éste superó sin trabas el periodo de alegaciones”.

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