El Gobierno no quiere cerrar la Cámara, sino “regular su solvencia”

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, ha asegurado esta mañana que el Gobierno riojano “no quiere cerrar” la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, pero si que busca “regular su solvencia” económica, ya que ha señalado es una institución que soporta “desde 2012, pérdidas por valor de unos 2 millones de euros”.

González Menorca ha realizado estas manifestaciones, en la comparecencia de prensa del Consejo de Gobierno, a la que ha acudido junto a la portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui. Ha negado que la Administración regional haya realizado “presiones” sobre la institución cameral.

En su intervención, la consejera ha insistido en varias ocasiones en el “apoyo total” e “indiscutible” del Gobierno riojano a la Cámara de Comercio como “organización empresarial que realiza una serie de funciones que deben realizarse”.

NOMBRAR GESTORA

Ha querido dejar claro que lo que se busca con el artículo incluido en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas - que ha dicho que “no se ha colado de rondón” sino que es conocido por la propia entidad- es “actualizar el Reglamento de la Cámara” para en caso de que continúe una situación de insolvencia en la institución cameral “durante dos años consecutivos, a partir de la aprobación de la Ley” poder tomar la decisión de “nombrar una gestora, formada por empresarios” para adoptar un Plan de Viabilidad. Si el resultado fuese aceptable, se convocarían elecciones y se retomaría el funcionamiento normal de la Cámara

Sobre este asunto, ha recordado que la “tutela” de las Cámara de Comercio autonómicas son de los Gobierno regionales, de ahí que ya haya habido otros como el de Asturias y Cataluña - en ambos casos “con el apoyo del PSOE- hayan actuado en casos de ”inviabilidad“.

En el caso de la Cámara riojana ha recordado que pueden indicar que tienen “solvencia” a nivel patrimonial - en este caso ha recordado que se les autorizó para la venta de un terreno en Siete Infantes de Lara- pero puede “producirse una descapitalización” de la entidad.

Ha afirmado que desde que se eliminó la obligatoriedad del canon, en 2010, que pagaban empresas y autónomos a estas entidades, la situación de la Cámara “cambió considerablemente”. De hecho, el año pasado presupuestaron por esta partida 50.000 euros, y para 2017, tienen previsto 75.000 euros.

“Llevamos muchos tiempo advirtiendo a la Cámara de la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación porque es la Cámara la que tiene que definir qué quiere hacer y cómo tiene previsto financiarse”, ha indicado González Menorca.

Finalmente, ha señalado que no entendía que se estableciesen comparaciones con Valdezcaray o con el aeropuerto, así como que se preguntaba si las declaraciones del presidente de la Cámara, José María Ruiz-Alejos, eran más personales o como máximo dirigente de la entidad.