Caso Soule: Alonso se aprovechó de su cargo para aumentar sus ingresos

La investigación en torno al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha puesto su foco en los responsables territoriales del organismo, que recibían dinero a través de empresas interpuestas que ganaban adjudicaciones de la entidad deportiva. Además, los dirigentes utilizaban estas empresas para contratar familiares. Entre los investigados está Jacinto Alonso, presidente de la territorial riojana que, según la investigación de la Guardia Civil, “se aprovechó de su cargo para incrementar sus ingresos”.

Alonso es corredor de seguros a través de Jacinto Alonso e Hijos SL y, desde su posición, “habría favorecido la adjudicación a Helvetia Seguros de pólizas entre los años 2009 y 2015 pagadas a Mupresfe (la mutualidad de futbolistas) y la RFEF por valor de 1.989.424,70 euros, incrementándose en consecuencia sus retribuciones personales recibidas de dicha compañía pasando de 69.803,24 euros en el año 2009 a 134.972,00 en 2015”, según El País.

Y es que gran parte de los pagos de esta línea de investigación habrían sido realizados a través de Mupresfe, una de las entidades que la Fiscalía Anticorrupción considera que fue utilizada por la trama para desviar fondos irregularmente y para pagar a los que apoyaban a Villar en las elecciones al cargo.

Alonso, quien también es consejero de Mupresfe, habría contratado a un primo suyo para esta mutualidad y, para ello, despidió a otro trabajador. En total, como detalla El Confidencial, tanto la aseguradora como la mercantil del presidente de la federación riojana recibieron ingresos de Mupresfe, de la territorial y de la RFEF por valor de 2,5 millones de euros.

Toda una trama clientelar de la que forman parte varios directivos más y que permitió a Villar mantenerse en el cargo durante 29 años. Además, el propio Villar y su hijo Gorka también habrían facturado cientos de miles de euros. Todo ello, pese a que la Federación Española de Fútbol cuenta con un Código Ético que impide que los directivos tengan intereses económicos personales o de familiares vinculados con el órgano federativo.