“Interinos contratados años y años en fraude de ley”

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Empleados públicos temporales de La Rioja han secundado este sábado en Logroño la concentración convocada a nivel nacional por la Plataforma Nacional de Interinos y Laborales para pedir “estabilidad y justicia” con el fin de que haya “consolidación de los trabajadores, no de las plazas”.

La concentración ha tenido lugar frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja y los asistentes han portado pegatinas, silbatos y pancartas en las que, entre otros lemas, se podía leer 'Stop al fraude de Ley' o 'Justicia interinos ¡ya!'.

El representante de la plataforma riojana, Jorge Azón, ha defendido la concentración porque muchos interinos “llevan años y años contratados a fraude de Ley por gobiernos de todos los colores políticos”. Una situación “que no se puede defender” y ante la cual la Unión Europea “ha dado un toque de atención y un plazo de cinco años para solucionar este problema”.

En este sentido, cabe destacar que el Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido que los distintos Gobiernos nacionales y autonómicos vienen realizando durante años contratos en fraude de leyal encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente, incumpliendo lo establecido en las cláusulas 1 y 5 de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada”.

Así, explican, no se han convocado las plazas en el momento en que la ley lo exigíapor lo que ha dado lugar a un aumento del número de trabajadores temporales frente a fijos. Entre 600.000 y 900.000 trabajadores públicos interinos y temporales se encuentran en Fraude de Ley en España”, ha explicado Azón.

Aún así, ha criticado, “los gobiernos no abordan el problema, es más, lo quieren tapar y tampoco sentimos el apoyo de los sindicatos”. Por todo ello “hoy salimos a la calle para defendernos” porque “hay muchas sentencias que hablan de que estamos en fraude de ley y lo que hacen las administraciones es plantear un ERE como si nada hubiera pasado”.

En este sentido, desde la Plataforma denuncian que las ofertas de empleo público extraordinarias habilitadas y reguladas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 -tras el acuerdo estatal con los sindicatos sobre temporalidad del empleo público- pueden “suponer el mayor ERE de facto en la historia de la administración” pese a su denominación de estabilización.

Se trata de “un ERE encubierto que pretende sustituir a unos trabajadores por otros más baratos y supone un ataque y una vulneración de los derechos más básicos de los trabajadores, como lo es su derecho a la estabilización”.

Por todo ello, desde la Plataforma a nivel nacional exigen “el reconocimiento de oficio por la Administración del Fraude de Ley de todos los empleados públicos laborales, estatutarios o funcionarios que llevan más de 24 meses contratados dentro de un periodo de 30”.

A ello se suma, la paralización de las ofertas de empleo y las convocatorias que incluyan “plazas de estabilización” y la regularización mediante concurso de méritos basados en el cómputo de la antigüedad “como único mérito objetivo de valoración de los trabajadores en fraude de ley, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico”.

Cualquier alternativa negociadora que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas no será admitida”, aseguran en su manifiesto.

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