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El PR+ pide que Logroño apoye una reforma de la Constitución que prohíba la privatización de las pensiones

El PR+ pide que Logroño apoye una reforma de la Constitución que prohíba la privatización de las pensiones

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El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, acompañado de varios jubilados, ha presentado este martes una propuesta para “garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos a percibir una pensión digna, ante la falta de respuesta del Gobierno y de las instituciones que deberían velar por garantizar los derechos básicos de los y las pensionistas”.

En septiembre de 2017, Antoñanzas presentó en el pleno una moción para blindar las pensiones en la Constitución, en la que proponía que Ayuntamiento se sumara a la Mesa Estatal sobre el Referéndum sobre las Pensiones, de la que forman parte 50 ayuntamientos españoles, para promover una reforma de la Constitución que prohíba la privatización del Sistema Público de Pensiones y la degradación de su poder adquisitivo.

Aquella moción no resultó aprobada, gracias a los votos en contra del PP, las abstenciones de PSOE y Ciudadanos, y el voto a favor de Cambia Logroño y PR+.

El edil del PR+ ha explicado que “desde 2014, las pensiones solo se revalorizan un 0,25%, lo que supone una congelación cuando no un recorte efectivo si se tiene en cuenta la evolución de los precios, como ha ocurrido en 2017, el precio objetivo de la inflación se sitúa al 2% y el promedio en España en los últimos quince años es del 15%”.

Como consecuencia, los pensionistas han iniciado manifestaciones y protestas por toda España, manifestaciones que desde el Partido Riojano respaldan.

“El Gobierno del PP, forzado por la presión de la ciudadanía, ha anunciado una concesión mínima para mejorar las pensiones más bajas, pero lo cierto es que aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado y, además, en lo esencial nada ha cambiado, tenemos que seguir reclamando un aumento de todas las pensiones equivalente al incremento del coste de vida (IPC)”, ha manifestado el concejal.

A su juicio, “no debemos conformarnos con una medida electoralista, es prioritario llevar a cabo una reforma global del sistema para asegurar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas”.

Un colchón para miles de familias

Para Antoñanzas, “las pensiones no solo son un derecho, un símbolo de progreso y una conquista social, sino que hoy en día suponen un colchón para miles de familias, creemos que hay que protegerlas por encima de cualquier correlación de fuerzas, sin importar cuál sea el color de nuestro Gobierno o la situación del país”.

En opinión del edil, “nuestros sistemas de Seguridad Social y de pensiones están siendo cuestionados reiteradamente por nuestros propios gobernantes y, en los últimos años, se han visto sometidos a cambios legislativos que explican la situación en la que ahora nos encontramos”.

Ha añadido que “las reformas de nuestro actual sistema público de pensiones, efectuadas en los años 2011 y 2013, modificaron la edad de acceso a la jubilación a los 67 años; el período de cálculo de la pensión, tomando como referencia los últimos 25 años, y la forma de revalorización de las pensiones”.

Antoñanzas cree que “lo peor aún está por llegar, el factor de sostenibilidad que entra en vigor en 2019 tomará en cuenta tanto el factor de revalorización anual de las pensiones como el factor de equidad intergeneracional de las pensiones”.

Expertos estiman que el efecto de este factor de sostenibilidad, sumado al índice de revalorización, puede llevar a los pensionistas a perder unos 350 euros mensuales respecto a un escenario sin reforma”, ha dicho.

Asimismo, “el aumento de 10 años del período que se tiene en cuenta para calcular la pensión supondrá una reducción de entre un 7% y un 9% en la cuantía de la pensión, por el efecto de introducir en el promedio los sueldos más antiguos, que suelen ser inferiores”, ha informado el regionalista.

El concejal del PR+ cree que “la mayoría de los grupos parlamentarios que componen el Pacto de Toledo han decidido buscar un acuerdo para que la revalorización de las pensiones se ligue al IPC, porque los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo y debe haber una lucha decidida contra esta pobreza”.

Defender los derechos de los vecinos

Según Antoñanzas, “es el momento de mostrar apoyo, aunar esfuerzos de todas las fuerzas políticas y hacer llegar un mensaje común desde todas las instituciones públicas”.

Desde los Ayuntamientos “debemos mostrar el interés superior de defender los derechos básicos de nuestros vecinos y vecinas, no solo queremos defender los derechos de los actuales pensionistas y jubilad@s, sino luchar también para que las generaciones más jóvenes puedan ejercer este derecho a una vida digna en su vejez, de una manera real y efectiva”, ha reiterado el riojanista.

Por todo ello, Antoñanzas ha trasladado una moción al próximo Pleno, en la que pide que “el Ayuntamiento de Logroño abra, en colaboración con las asociaciones de jubilados y tercera edad y los sindicatos representados en el Consejo Municipal de Mayores del Ayuntamiento de Logroño, una campaña informativa para explicar a los logroñeses y logroñesas, en qué les afectan las reformas realizadas por el gobierno español de estos últimos años en el sistema de pensiones públicas y el perjuicio que dichos recortes suponen para las pensiones actuales y futuras”.

Además, el edil del PR+ solicita que “el Consistorio logroñés inste al Gobierno del Estado y a los Grupos Parlamentarios del Congreso a promover una reforma constitucional que garantice la prohibición expresa de recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas conforme al IPC y que, en ningún caso, puedan estar por debajo del salario mínimo interprofesional; a derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015, relativos a las pensiones, la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social”.

Por último, Antoñanzas exige que “el Ayuntamiento de Logroño se sume a la Plataforma de la MERP (Mesa Estatal sobre el Referéndum sobre las Pensiones), para promover una reforma de la Constitución que prohíba la privatización del Sistema Público de Pensiones y la degradación de su poder adquisitivo”.

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