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El 20 de julio de 2018

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"La anulación de la licitación del contrato de zonas verdes es una chapuza monumental"

El PSOE considera que el equipo de Gobierno ha cometido un gran error que "nos lleva de nuevo al punto de partida". 

Parque Gallarza

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El concejal del Grupo Municipal Socialista de La Rioja, José Luis Díez Cámara, ha criticado este viernes el error del Gobierno Local por la anulación de la licitación del contrato de Conservación y Mantenimiento de las zonas verdes de Logroño llevado a cabo por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales con motivo de un fallo en el régimen jurídico a aplicar.

A pesar de que el pasado mes de marzo entró en vigor una nueva ley de contratos públicos (Ley 9/2017), el Partido Popular "prefirió acogerse a la anterior ley (Real Decreto Legislativo 3/2011) para avalar este contrato porque entendió que como la preparación del expediente era previa a la entrada en vigor de esta nueva ley, había que aplicar la antigua normativa", ha explicado Díez Cámara.

No obstante, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado que el criterio que hay que aplicar para valorar qué régimen jurídico aplicar es la fecha inicial de publicación. Por tanto, como la fecha de publicación fue el 9 de marzo, mismo día de la entrada en vigor la Ley 9/2017, el contrato no se podrá licitar con la normativa anterior.

"El PP consideró esto un problema típico de carácter administrativo al que no le daba ninguna trascendencia porque no iba a tener ningún efecto, el servicio se seguiría prestando de igual forma", ha criticado el concejal socialista.

Pero lo cierto es que "estamos ante uno de los contratos más importantes de Logroño tanto desde un punto de vista cualitativo, en cuanto al servicio prestado, como cuantitativo, ya que hablamos de un contrato de unos 34 millones de euros", ha incidido Díez Cámara, que ha calificado como "chapuza monumental que se suma a otras del Partido Popular" lo ocurrido con este contrato.

Este asunto ha afectado a las trece empresas que concurrían a la licitación pero que, tras la anulación del expediente, la situación vuele a su punto de partida. "Las empresas están formadas por personas con una serie de intereses, derechos y necesidades, por lo que no se puede estar jugando con estas circunstancias", ha recordado el concejal.

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