“El Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido dar a La Rioja lo que le corresponde”

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha asegurado que esta formación política “no va a renunciar a ningún mecanismo de financiación para La Rioja ni a ninguna financiación ya comprometida por un Gobierno de España, como sucede con los 20 millones de euros comprometidos por el Gobierno de Rajoy para la rehabilitación del IES Sagasta de Logroño”.

En este sentido, ha denunciado que, “pese a los acuerdos y las buenas palabras de Pedro Sánchez y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el compromiso con La Rioja para aplicar el artículo 46 no se ha cumplido por una manifiesta falta de voluntad política y con el beneplácito del tándem Ocón-Andreu, más preocupado de defender los intereses de Sánchez que los de los riojanos”.

“El Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido dar a La Rioja lo que le corresponde en función de la aplicación del artículo 46. No ha querido compensar a nuestra región, incumpliendo así los compromisos alcanzados entre el presidente Ceniceros, el presidente Sánchez y la ministra Montero durante las reuniones mantenidas en septiembre y noviembre de 2018. Unos incumplimientos que han obligado al presidente Ceniceros a actuar con la máxima contundencia activando la vía judicial en defensa de los intereses de La Rioja, al desoír los requerimiento realizados desde esta región para convocar la comisión mixta”, ha añadido.

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas declaraciones hoy, día 21, durante una rueda de prensa en la que ha valorado la reclamación por vía judicial de la constitución de la comisión mixta prevista en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía.

A este respecto, ha recordado que el artículo 46 “es una de las singularidades que contempla el Estatuto de Autonomía de La Rioja para compensar a nuestra Comunidad ante los desequilibrios producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con las comunidades de Navarra y País Vasco, con un régimen fiscal especial”.

A su vez, ha apuntado que, “hasta el momento, las compensaciones económicas recibidas por La Rioja se han regulado por convenios firmados por gobiernos del Partido Popular en España y en La Rioja”, como el suscrito para la construcción del Riojafórum, la compensación en especie que supuso la cesión del edificio del Banco de España o el convenio comprometido por el Gobierno del Rajoy para cofinanciar la reforma del IES Sagasta de Logroño.

El portavoz del Grupo Popular ha subrayado que los hechos evidencian que “sólo el Partido Popular cree y aplica el artículo 46 de nuestro Estatuto para mejorar la financiación de nuestra tierra, frente a un PSOE regional que nunca ha hecho nada para aplicarlo y que defiende los interés de Sánchez en lugar de los de los riojanos”.

En este sentido, ha recordado que en la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja del 11 de octubre de 2018, “los socialistas riojanos votaron en contra de la aplicación del Artículo 46 y a que se firmara el convenio para que el Estado financiara con 20 millones de euros las obras de rehabilitación del IES Sagasta”. A ese voto en contra, ha sumado la declaración de intenciones que supone la presentación de unos Presupuestos del Estado para 2019 que recortan la inversión en La Rioja un 40%, el mayor recorte del país.

“Los reiterados incumplimientos de compromisos adquiridos por los máximos dirigentes socialistas con La Rioja, obligan al presidente Ceniceros a actuar de manera contundente y, por ese motivo, el pasado 15 de febrero, el Consejo de Gobierno de La Rioja aprobó iniciar los trámites para reclamar por vía judicial la constitución de la comisión mixta, dado que se ha cumplido el plazo dado al Gobierno Central para activar este órgano encargado de concretar la compensación por el efecto frontera”, ha señalado.

Un requerimiento, ha explicado, que solicita que la comisión se convoque el 21 de marzo de 2019 con un orden del día ya prefijado. Si no se produce, el siguiente paso sería la interposición de una demanda judicial para que se obligue al Estado a la convocatoria de dicha comisión.