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El 7 de agosto de 2019

Tiempo de lectura: 03:20
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Desmantelada una red que explotaba a mujeres nicaragüenses en La Rioja

Traían a mujeres en situación de pobreza de Nicaragua para el cuidado de ancianos y dependientes. 

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La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación Ayote, ha desarticulado, los pasados 30 y 31 de julio, un grupo criminal que se había especializado en la trata de seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia.

Han sido detenidos todos los integrantes del grupo formado por cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres varones de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años. Las dos hermanas ya están en la prisión de Logroño y el resto en libertad con cargos. Los miembros de este grupo actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada desde sus dos bases de operaciones establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca.

Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.

A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Más de 750.000 euros en ganancias

La Guardia Civil ha identificado a un total de cincuenta mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 de esta organización, con las que habrían obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros.

El grupo criminal sometía y controlaba a todas sus víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos.

Además, los productos básicos de primera necesidad que la responsable del grupo recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria, los vendía a sus víctimas a precios abusivos llegándoles a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros, incrementando así sus beneficios.

Las victimas interceptadas en el aeropuerto de Madrid fueron trasladadas a Logroño e informadas de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico.

Modus operandi

Los familiares directos del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de  buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Allí les prometían  un trabajo digno y bien remunerado en España. Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.

Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.

La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas.

A final de mes los demandantes pagaban directamente a las víctimas en negro. Las victimas entregaban a la organización el 85% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.

Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos les prestaban dinero a un 20% de intereses, lo que suponía que la "deuda" no disminuyese sino todo lo contrario, se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las victimas más atadas a la organización.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, colaborando en la misma sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.

Las investigaciones comenzaron en Alfaro. Ahora las víctimas han sido atendidas y según el protocolo establecido, les será más fácil regularizar su situación en España. 

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