Los juzgados riojanos tienen 782 ejecuciones por alquiler pendientes de ser paradas

Los juzgados riojanos tienen 782 ejecuciones por alquiler pendientes de ser paradas

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La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) de La Rioja ha advertido este martes de que existen un total de 782 ejecuciones hipotecarias vivas en la comunidad que están pendientes de que sean paradas por los juzgados riojanos.

En un comunicado, la organización recuerda que “por primera vez en España, los juzgados empiezan a dictar resoluciones en las que quedan sobreseídas ejecuciones hipotecarias de aquellos casos en los que el ciudadano hubiese dejado de pagar menos de doce cuotas en el momento de la demanda de la entidad financiera”.

Se trata “de los primeros autos que paralizan desahucios de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado 11 de septiembre, un fallo socialmente esperado y que viene a tapar una de las más profundas heridas generadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria”.

Añaden que “la sentencia sigue el criterio ya expuesto del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que ya calificó de abusivas y nulas las cláusulas de vencimiento que permitían iniciar desahucios con el impago de una sola letra”. Un asunto que afecta en La Rioja a 782 ejecuciones hipotecarias vivas, tal como especifican.

En palabras del técnico de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) La Rioja Francisco Sánchez, “es pronto para hacer una valoración general, la decisión del Supremo es salomónica e impide los desahucios con menos de 12 cuotas y lo que ha hecho el alto tribunal es aplicar la Ley de Crédito Inmobiliario para determinar cuándo la cláusula de vencimiento es abusiva”.

El fallo, ha añadido, “afecta a los 17.000 casos que estaban suspendidos en España, que se deberían archivar siempre y cuando el vencimiento anticipado se produjera con menos de 12 mensualidades impagadas; los casos anteriores al 2013 quedan automáticamente archivados”.

“Según los datos que manejamos en Adicae, en España hay ahora 137.000 ejecuciones hipotecarias vivas (aunque no todas son de vivienda), de las cuales 782 se corresponden a esta Comunidad”, ha detallado Francisco Sánchez.

Asimismo Adicae La Rioja advierte que “en el caso de que se archiven los desahucios, el banco podrá reclamar la deuda por procedimiento ordinario pero no podrá de ningún modo pedir la ejecución hipotecaria o el vencimiento de todo el préstamo”.

“Por tanto -dice la organización- en líneas generales se puede decir que la aplicación que hace el Supremo de la sentencia europea amplía los derechos de los consumidores”.

Francisco Sánchez subraya que “en los últimos años, el problema se ha trasladado a los alquileres, que ya representan casi el 70 % de los desahucios”.

“Esto significa que por cada desahucio por hipoteca se producen dos por alquiler. Por ello en Adicae entendemos que es imprescindible la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular las subidas de precios, especialmente en las zonas urbanas con mayor demanda”, apunta.

Y por ello considera que “se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación directa con el Salario Mínimo Interprofesional, con el nivel de renta por habitante y la tipología de la vivienda”.

Para Francisco Sánchez “resulta contrario a toda lógica que el precio del acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, no se abarate y que los consumidores que quieren acceder a una vivienda se encuentren en las mismas dificultades, o peores, que en tiempos del boom inmobiliario”.

Así, indica que “mientras esto no sucede, es importante la dotación de mayores ayudas para el alquiler, especialmente para los consumidores más desfavorecidos”.

Para poder frenar esta burbuja del alquiler, Adicae propone una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales en España y su revisión periódica de uso y condiciones. En este sentido, es imprescindible la creación de una bolsa con viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado como vivienda social en alquiler.

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, que representan todavía el 25 %, las administraciones deben promocionar e implementar las posibilidades para acceder a mecanismos como la reestructuración de la deuda, posibles quitas y la dación en pago que mejoren los derechos de los consumidores en este ámbito.

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