Raquel Romero propone unos presupuestos participativos con los que La Rioja será pionera

La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, Raquel Romero, ha defendido como prioridad para esta legislatura lograr la participación “real y efectiva” de la ciudadanía en la acción de gobierno mediante una Ley de Participación “participativa y participada que sea el resultado de un verdadero proceso participativo” y la puesta en marcha de un proyecto experimental de Presupuestos Participativos.

En su comparecencia esta tarde ante la Comisión de Participación, Cooperación y Derechos Humanos del Parlamento para desgranar los principales ejes de su acción de gobierno durante los próximos cuatro años, Romero ha recalcado que la ciudadanía “exige un modelo de gestión política participativo” porque durante “demasiado tiempo” su participación en las tareas de gobernanza pública “ha sido desplazada de la agenda del Gobierno de La Rioja” y ha sido considerada “un asunto menor, una cuestión puramente ornamental o simplemente una figura secundaria dentro de la acción de gobierno” .

Un proyecto experimental de Presupuestos Participativos

El compromiso de dar “voz y voto” a la participación de las ciudadanas y ciudadanos riojanos se traducirá en una Ley de Participación “que sea el resultado del mayor proceso participativo jamás realizado en La Rioja” y que sitúe a la región “a la cabeza de las comunidades autónomas en materia de participación democrática”.

La titular de la Consejería de Participación ha anunciado su pretensión de poner en marcha, antes de finalizar la legislatura, un proyecto experimental de Presupuestos Participativos que convierta a La Rioja en pionera en presupuestos participativos autonómicos y que será “un verdadero reto colectivo para el conjunto del Gobierno de coalición PSOE-Podemos” .

También en materia de participación, ha anunciado que, antes de que finalice este año 2019, se celebrará el Foro Social Permanente de La Rioja, con presencia de todos los colectivos sociales representativos de La Rioja. Concebido como un “espacio de diálogo directo y constante entre el Gobierno de La Rioja y la ciudadanía”, de él saldrán “planes de actuación directa con la participación activa y la supervisión directa de los propios actores sociales involucrados”.

Además, la Dirección General de Participación fomentará las vías telemáticas de participación directa en tiempo real reforzando las TICs, las tecnologías de la información, para que sirvan “como instrumentos activos de democratización y participación directa de la gente en la gestión pública”.

Ayuda humanitaria con el 0,7% del presupuesto

En el área de Cooperación y Derechos Humanos, y por lo que respecta a cooperación, Raquel Romero espera que esta legislatura se pueda llegar a destinar a cooperación el 0,7% del presupuesto y ha apuntado como prioridades canalizar la ayuda humanitaria a través de un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, las políticas de sensibilización ciudadana respecto al cambio climático, la colaboración con las empresas y los diversos agentes de cooperación al desarrollo en La Rioja, así como la implicación de las entidades locales en materia de cooperación y la potenciación del papel de las ONGs riojanas a través de convocatorias públicas más accesibles.

“Los Derechos Humanos van a ser el centro de nuestras políticas”

Por lo que respecta a los derechos humanos, los derechos y las libertades de la ciudadanía reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos firmados por España “van a ser el centro de nuestras políticas para frenar los impulsos reaccionarios y los ataques a la democracia que crecen en nuestro entorno”.

En La Rioja, ha recalcado que existen retos y problemáticas urgentes en derechos humanos a abordar “por cuanto suponen una vulneración de los derechos humanos” como el hecho de que el 20,4% de las personas residentes en la región está en situación de pobreza y/o exclusión social, una tasa de pobreza del 9,7%, 3.586 personas dependientes en lista de espera para percibir sus prestaciones, un 13% de la población en situación de exclusión residencial, una brecha salarial de género que se estima en unos 5.600 euros y la falta de planes específicos para atender a la población inmigrante escolarizada, entre otras desigualdades.

A lo largo de esta legislatura y en el campo de los derechos humanos, la intención de la consejería es realizar un diagnóstico de la situación real y proponer medidas de corrección de la desigualdad, una tarea en la que resulta clave el nuevo Observatorio de Derechos Humanos de La Rioja, ODH. Este órgano será el encargado de procesar de manera sistemática la información sobre el estado de los derechos humanos en la región y de elaborar recomendaciones a través de un plan de acción que contempla, entre otros, la creación de un centro virtual de recursos sobre derechos humanos y memoria, la investigación sobre derechos humanos en colaboración con la Universidad de La Rioja o la organización de cursos y talleres formativos.

Oficina de Retorno y Ley de Memoria Histórica

Otra de las piezas claves destacadas por la consejera Raquel Romero va a ser la nueva Oficina de Retorno y la puesta en marcha de un programa de retorno de los ciudadanos riojanos que se encuentran fuera de La Rioja por motivos laborales y personales y deseen regresar. El principal objetivo de esta oficina es favorecer su regreso entendiendo el retorno “como un nuevo proceso migratorio” en el que “los riojanos y riojanas que un día se fueron puedan no solo regresar por un tiempo, sino establecerse, volver con sus familias, y forjar un proyecto de vida” contribuyendo al desarrollo socio-económico de La Rioja

Otro de los principales objetivos de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos unido también a los derechos humanos es la Ley de Memoria Histórica y su aplicación. Según ha defendido Romero, en esta legislatura se trabajará para que las instituciones “reconozcan a las víctimas de la dictadura y reparen el maltrato institucional injustamente sufrido durante demasiado tiempo”.