El Parlamento pide que los vuelos a Madrid y Barcelona desde Agoncillo sean servicio público

El Parlamento de La Rioja, con el voto unitario de PSOE, PP y Ciudadanos, ha aprobado dos proposiciones no de ley para que el Gobierno central declare los vuelos a Madrid y Barcelona, desde el Aeropuerto de Agoncillo, como obligación de servicio público.

Tras dos proposiciones presentadas por Partido Popular y Ciudadanos, el Parlamento se ha unido para una petición que ha contado con la única abstención del Grupo Mixto (Podemos e IU), cuya portavoz ha pedido un plan de viabilidad.

El diputado popular Carlos Cuevas ha informado de que el anterior Gobierno de La Rioja encargó un estudio, previo a esta declaración, y ha creído que, si bien todos los sistemas de transporte tienen una parte débil, el aeropuerto es una infraestructura útil.

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha recordado que el aeropuerto lleva dieciséis años construido y no ha alcanzado los niveles de rentabilidad económica ni social, y hay que encontrar la manera de hacerlo en ambos términos. Ha apostado por un plan integral para lograrlo y que se rentabilice y dinamice.

Desde el Grupo Mixto, Henar Moreno ha anunciado su abstención recordando que, desde Izquierda Unida, se opusieron a la construcción de una infraestructura que no es rentable. A su juicio, la prioridad debería estar en invertir en el transporte ferroviario, “en un momento en el que en Europa se están planteando los vuelos internos” por criterios medioambientales. Además, ha creído necesario un plan de viabilidad.

Desde el PSOE, Sara Orradre ha creído que “hace falta tener cuajo para exigir al nuevo gobierno lo que no se ha hecho en dieciséis años” por parte del Partido Popular y le ha reprochado no preocuparse del futuro del aeropuerto y repartir fondos en frontones.

Si la proposición no de ley presentada por el PP instaba a la declaración de obligaciones de servicio público, de manera que se garantice una prestación mínima de servicios regulares, la de Ciudadanos ha añadido exigir al Gobierno central los costes derivados de ello.