Santolaya, exacalde de Villamediana, no ha querido declarar en el juicio por prevaricación

Hoy ha comenzado el juicio por las facturas emitidas por Barinaga Abogados al Ayuntamiento de Villamediana por la prestación de servicios jurídicos. Están llamados a declarar como investigados los últimos tres alcaldes y seis concejales por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude en la contratación.

Esta mañana era el turno de Tomás Santolaya y Rubén Gutiérrez, exalcaldes del PP, y Ana Belén Martínez, actual alcaldesa por el Partido Socialista. Santolaya se ha acogido a su derecho a no declarar. Se da la circunstancia de que su abogado es un colaborador directo de Barinaga, cuyos contratos están siendo puestos en cuestión en este juicio.

Gutiérrez y Martínez sí han declarado, argumentando que votaron a favor del crédito aprobado para abonar las facturas emitidas por Barinaga Abogados por un total de 128.000 euros porque existía un informe favorable de los servicios municipales.

Además, Gutiérrez ha defendido que “había tres presupuestos y este era el más económico”, si bien en la documentación no aparece que el pago “haya sido ajustado a un presupuesto”.

Los hechos

Los presuntos delitos se cometieron en un pleno del 17 agosto de 2017 en Villamediana, cuando la anterior corporación, con el entonces alcalde del PP, Tomás Santolaya, al frente, aprobó por unanimidad el reconocimiento extrajudicial de un crédito para abonar las facturas emitidas por Barinaga Abogados por la prestación de servicios jurídicos divididos en cinco procedimientos judiciales, por un total de más de 128.000 euros.

El entonces concejal del PSOE en el Ayuntamiento Juan Pedro Martínez inició este procedimiento al presentar una denuncia en diciembre de 2018 a la que ha tenido acceso Rioja2. En ella, considera que se habían cometido irregularidades en el procedimiento, al no seguirse los trámites establecidos, y advertía de que anteriormente ya se había contratado a este abogado “a dedo”.

Y es que asegura que la contratación fue verbal y el reconocimiento posterior del crédito no arregla esa ilegalidad. Las facturas se aprobaron, “en lugar de revisar el contrato verbal”

El escrito del Fiscal, por su parte, también considera que no se respetaron los principios de publicidad y libre concurrencia en la adjudicación de dichos contratos, con lo que no se siguieron los trámites legalmente establecidos. Dichos contratos son, por tanto, “nulos de pleno derecho”. De hecho, establece que no existió procedimiento alguno: “no se ha tramitado expediente de contratación, no hay documento que formalice el contrato, el contrato es verbal, no se siguen los trámites del contrato menor...” y un largo etcétera de irregularidades.