Este miércoles se reanuda el juicio al exconsejero Juan José Muñoz

Este miércoles se reanuda el juicio por tráfico de influencias, estafa y blanqueo contra el exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz. Será el turno de las declaraciones de los testigos.

Una “medida de presión para sacar dinero”. Así calificaba el empresario A.G.C la denuncia contra el exconsejero de Hacienda por parte de Bellomonte, empresa que tramó, ha asegurado, una “denuncia política para sacar dinero”.

En la segunda sesión del juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados a Muñoz han comparecido la mujer del exconsejero, M.C, así como dos de los empresarios, A.G.R, principal acusado y que, presuntamente actuaba en nombre de Muñoz; y A.G.C, quien se ha unido al anterior en eximir al exconsejero y mostrarse como víctima de Bellomonte (acusación particular del caso).

La mujer del exconsejero, al igual que hiciera ayer Muñoz, ha insistido en que su único objetivo al invertir en Emfrisa, primero, y Provif, después, era conseguir dinero para el futuro de la hija que tienen en común.

Por las acciones de Emfrisa, donde había invertido 10.000 euros, percibió 50.000, y por las de Provif más de 276.000 euros. Todo en un pagaré sin nombre. Después, ha asegurado, ya no supo nada de la compra por parte de la catalana Bellomonte, aunque estuvo trabajando “haciendo fotocopias” para A.G.R (administrador de Provif).

Siguiendo el relato que ha trasladado hoy en la Audiencia Provincial, la mujer de Muñoz conoció al otro principal acusado, A.G.R, “cuando se formalizó” la constitución de Empresa Fotovoltaica Riojana (Emfrisa) en una reunión en la que ella asistió como una accionista más.

“Darle cierta seguridad a nuestra hija era lo único que nos preocupaba”, ha relatado al explicar su participación, que se basaba en el hecho de que había empresarios con reputación detrás del proyecto.

En cuanto al protagonismo de Muñoz en la empresa, A.G.R, que ha continuado la declaración que comenzó ayer, ha dicho: “Yo era el administrador, el señor Muñoz era un accionista más, no tenía ni voz ni voto”. El abogado de Muñoz le ha interrumpido: “¿Él o su mujer?”. Y A.G.R ha rectificado indicando que la socia era la mujer.

Después ha llegado el turno de A.G.C, quien ha relatado cómo él era “un empresario que tenía una muy buena credibilidad”; algo que cambió cuando empezó a tratar con Bellomonte: “Estos señores me llegaron a a arruinar, a enfrentar a mis amigos”, ha dicho.

Ha dicho, de los empresarios de Bellomonte, que “se metieron en negocios de sesenta millones sin saber qué era una placa”. “Eran unos oportunistas, daban pagarés a todo el mundo porque sabían que no los pagaban”.

A preguntas del abogado de Muñoz ha contado cómo “a finales de 2009, unos abogados de Barcelona que tenía Bellomonte nos dijeron que iban denunciar el caso porque iban a intentar sacar dinero de la operación, y podíamos ser amigos o enemigos”.

“Fue una medida de presión para intentar cobrar dinero, porque al final lo único que querían era ganar dinero”, ha dicho al tiempo que, a insistencias del abogado, ha relatado: “Dijeron que era un tema político, que querían meter una denuncia política para sacar dinero”.

“No he hecho más que poner dinero, soy el más tonto de los tontos. No he cobrado y estoy querellado, se les ha ido la olla y no quieren más que dinero por involucrar a unos políticos”, ha insistido.

El último en comparecer ha sido el acusado I.M, al que se le imputa un delito de estafa y que fue abogado de Bellomonte. Ha afirmado que Bellomonte es una empresa “que no tiene patrimonio ni hace nada”, es “un jubilado y una persona que dice que era ingeniero”.

Además, ha contado que, antes de la denuncia interpuesta por Bellomonte a Muñoz advirtió a uno de los socios: “Todo lo que estais haciendo no tiene base jurídica”. Y, en una reunión posterior, les invitó “a abandonar” su “despacho” ante lo que pretendían hacer.

El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones de euros.

Para su mujer, C.M., el fiscal reclama un pena de cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Para A.G.R. reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M. pide tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa.

Demandan también que entre todos indemnicen solidiariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.

La causa continuará el miércoles de la próxima semana (5 de febrero).