Los centros de trabajo deberán revisar y actualizar sus protocolos de seguridad

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, ha informado hoy de que los centros de trabajo deberán “revisar y actualizar” sus protocolos de seguridad al COVID-19.

El Centro Tecnológico de La Fombera ha acogido, en la mañana de hoy, un encuentro del Consejo de Diálogo social ante el “nuevo escenario” que se abre en el que, ha dicho Castresana, “toca recuperar el pulso de la actividad económica” pero “manteniendo la seguridad”.

Por ello, Gobierno, patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo que “busca garantizar la seguridad en todos los centros de trabajo” en el que se reparten los “roles a sindicatos, empresas y juntas de prevención, así como trabajadores para que tomen las medidas de autoprotección”. El Gobierno serán quien coordine las actuaciones.

Castresana ha dicho que “es imprescindible que todos los centros de trabajo revisen los protocolos de seguridad para incluir el riesgo que supone la COVID 19”. Algunos, ya lo han hecho por ser esenciales y otros deberán hacerlo en la desescalada.

Será necesario que todas las empresas, de todos los tamaños, y los autónomos “revisen y actualicen los protocolos de seguridad” y, además, incluyan los activos que sean necesarios (ha puesto el ejemplo de mamparas).

Se trata de “convertir los centros de trabajo en lugares seguros”, para ello se ha alcanzado un acuerdo “que involucra también a mutuas y trabajadores”.

El consejero también ha anunciado que, dentro del plan de reactivación, se incluirán líneas específicas para garantizar el “retorno seguro” de los trabajadores.

En concreto, dos millones de euros para la contratación de asistencias técnicas para contar con protocolos de prevención; y cuatro millones para las inversiones que se necesiten para acomodar los centros de trabajo.

Las ayudas se destinan tanto a autónomos como a empresas de cualquier tamaño, son retroactivas al 2 de abril y alcanzan el cuarenta por ciento de los gastos que se tengan que hacer.

Desde Comisiones Obreras, su secretario general, Jorge Ruano, ha valorado el acuerdo alcanzado, que “sitúa la importancia de los servicios de prevención en un escenario en el que no siempre han estado a la altura de las circunstancias”.

Por su parte, el secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, ha mostrado su preocupación por que la normalidad se desarrolle de manera segura. Ha dicho que los más de 20.000 empleados en un ERTE quieren retornar a su trabajo “y lo quieren hacer de forma segura”.

El secretario general de la FER, Jaime García-Calzada, ha abogado por no tener un repunte de la pandemia “que nos ha destrozado como personas y ha paralizado el sistema productivo”. Cree que el comportamiento tiene que ser “ejemplar por parte de la sociedad en su totalidad”.