La nueva ley de protección a la infancia “consolida los derechos de los menores”

Juan Cuatrecasas ha presentado a los medios, en la mañana de hoy, las principales medidas que comporta el anteproyecto de ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, aprobado por el Consejo de Ministros.

El diputado por La Rioja ha afirmado que “se trata de una norma fundamental para proteger los derechos de los menores, viniendo a consolidar sus derechos”. El Gobierno socialista ya aprobó en febrero de 2019 la ley de protección del menor pero la disolución de las Cortes impidió su trámite final. “Ahora, los parlamentarios tendremos la oportunidad de trabajar e incluso mejorar el anteproyecto, una vez sea remitido a las Cortes Generales”.

El también portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso ha destacado las principales medidas de la futura ley, entre los que se encuentra el “aumento del plazo de prescripción de delitos contra menores, que sube de los 18 a los 30 años. También aumenta el plazo de la prueba preconstituida hasta los 14 años, lo que evitará una revictimización de los menores que hayan sufrido delitos”.

De la misma forma, Cuatrecasas ha destacado que va a haber “más refuerzo de ayudas para las víctimas, al menos mientras duren las secuelas según informe pericial facultativo de seguimiento. También se implementará la gratuidad para las terapias garantizándose cuando la víctima o sus familiares no dispongan de recursos”. Y es que, además de padecer los efectos tan perversos de los delitos, los menores y sus familias también padecen cuestiones secundarias pero no menos importantes como exclusión social o educativa en función de su edad. “Por eso es la ley la que debe acoplarse a las víctimas y no las víctimas a la ley”.

Entre los puntos más positivos de la ley, el diputado socialista ha destacado “el deber de denuncia cuando existan indicios de que se están cometiendo delitos de violencia contra la infancia. Esta exigencia será cualificada para centros escolares, sanitarios y deportivos o de ocio”. Además, “a nivel familiar se exigirá la obligación de denuncia al cónyuge o pareja conviviente del victimario, ascendientes, descendientes y resto parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive”.

Cuatrescasas también ha subrayado “la importancia de que exista la prueba preconstituida para evitar la revictimización en el futuro, que el perdón del agredido (sea menor de edad o con discapacidad), no exima de responsabilidad criminal al autor del delito, y la asistencia jurídica sea gratuita con independencia de las condiciones económicas de la víctima”. En este sentido, la norma también recoge la creación del Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia con la colaboración del CGPJ, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y resto de administraciones públicas.

Esto último “es fundamental” a juicio del socialista, puesto que “la nueva norma garantizará el asesoramiento y el apoyo a una atención integral y a personarse en los procedimientos judiciales que se sigan”. Por eso también se contemplan cuestiones como el refuerzo en formación de jueces, fiscales, abogados y procuradores en cuanto a violencia infantil, y también la posibilidad de la creación de juzgados y fiscalías especializadas. Del mismo modo, habrá un refuerzo de medios y formación en otros facultativos, en especial de medicina legal y forense, con dos nuevas figuras profesionales: trabajadores sociales y biólogos sanitarios.