Los juzgados confirman que “el Gobierno regional protegió a los funcionarios ante la pandemia”

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Logroño ha confirmado que “el Gobierno de La Rioja actuó de manera eficaz y diligente en la reestructuración de los empleados públicos al inicio de la crisis del COVID-19”, como ha avanzado el PSOE La Rioja. El juzgado rechaza así el recurso presentado por CSIF y “echa por tierra su argumentación sobre vulneración de los derechos de libertad sindical”.

La Dirección General de Función Pública y la Consejería de Gobernanza Pública, según detallan los socialistas, “actuaron con la celeridad necesaria para salvaguardar la salud de los empleados públicos incluso antes de la declaración del estado de alarma, mediante una resolución emitida el 11 de marzo de 2020. Una decisión que permitió proteger a los trabajadores desde el inicio de la crisis sanitaria al tiempo que se implementó eficazmente para garantizar la continuidad de la administración y el servicio público a los ciudadanos”.

En este sentido, la gestión de los entonces titulares de Gobernanza Pública y Función Pública, Francisco Ocón y Carlos Arriazu, “no sólo respetó el derecho de libertad sindical sino que se adoptó buscando siempre el equilibrio entre la salvaguarda de la salud y el correcto funcionamiento administrativo; y así se hizo partícipes a los representantes legales de los trabajadores en las distintas reuniones que se mantuvieron al respecto”.

Por ello, para el PSOE resulta sorprendente que sea la propia CSIF, representante de los intereses de los trabajadores, quien haya recurrido una resolución que “no sólo priorizaba la salud de los empleados públicos, sino que permitía aspectos tan importantes para la conciliación laboral como el teletrabajo, así como otras herramientas eficaces como la flexibilidad de jornada laboral, la posibilidad de cambio de turnos e incluso un permiso retribuido por deber inexcusable. Unas medidas implementadas, además, en línea con las adoptadas por la propia Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública”.

En definitiva, concluyen, “la gestión sobre los empleados públicos riojanos no solo fue adecuada, eficaz y ajustada a derecho, sino que su rápida aplicación fue ejemplo de una administración eficiente, moderna e inteligente”.