El Parlamento solicita al Gobierno un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia

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El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, por unanimidad, pedir al Gobierno de La Rioja la elaboración de un informe que evalúe el cumplimiento de la Ley de Transparencia tras una moción en la que el Grupo Popular ha visto que se da “información desfasada”.

La diputada del PP Begoña Martínez ha señalado que no se han documentado las decisiones que se han tomado en materia de la COVID y ha señalado que “poco consenso ha habido ni con los médicos ni con la hostelería” y “los ayuntamientos han sido los más carentes en datos”.

“El reflejo de su gestión no es otro que la opacidad”, ha dicho al tiempo que ha recordado cómo se tardó dos meses en colgar los nuevos nombramientos y sus sueldos en la página del Gobierno. Ha abogado por “acabar con esa espiral de silencio y generar una mayor participación” ciudadana y, por eso, ha defendido que el Gobierno riojano facilite un informe de su cumplimiento de la Ley de Transparencia. El fin, ha dicho, es que tenga unos estándares de transparencia equiparables al resto de comunidades y países.

La portavoz del Grupo Parlamentario mixto, la diputada de IU Henar Moreno, ha creído que “la información es poder” y ha abogado por potenciar la “democracia participativa”.

Desde Ciudadanos, la diputada Pilar Rabasa ha creído que la página web no es intuitiva y los datos no están actualizados correctamente. Ha añadido que no son exportables, “obstaculizando el derecho a la información y la participación ciudadana”.

La socialista Nuria del Río ha relatado que el 7 de mayo el portal CIBIO, que trabaja a favor de la rendición de cuentas, reconocía a La Rioja como una de las pocas comunidades que, en ese momento, había decidido seguir atendiendo todas las demandas de los ciudadanos. Ha creído que, en la segunda ola, será igual. No obstante, ha señalado que el PSOE apoya “todas las propuestas que tengan como fin ultimo trabajar en la transparencia” y lo hace “sin dudas y sin fisuras”.

La moción se ha aprobado con una enmienda de Ciudadanos por la que también se pide al Gobierno que adecúe el reparto competencial al artículo cuatro de la ley, que atribuye la competencia de transparencia a la consejería competente en Administración Pública. Han votado a favor PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU.

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