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El 13 de octubre de 2020

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Rubio asume la presidencia de la Fundación Tutelar

En el Patronato se ha repasado la actividad de la entidad en 2019, que atendió a 616 personas, de las cuales 199 eran menores

patronato de la fundación tutelar

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El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, ha presidido el Patronato de la Fundación Tutelar de La Rioja junto a la vicepresidenta y directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, María Somalo.

Del Patronato también forman parte el secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Javier Echeverría; el director general de Control Presupuestario, José Ángel Lacalzada; el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel; el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Pello Latasa, el alcalde de Nalda y representante de la Federación Riojana de Municipios, Daniel Osés, el director general de Servicios Jurídicos, Daniel García,  y un representante de Personas Mayores, Saturnino Álvarez.

El nuevo presidente de Patronato ha recordado que “la Fundación Tutelar de La Rioja se crea para dar respuesta a la necesidad de protección de las personas mayores de edad, incapacitadas judicialmente que viven en La Rioja pero no cuentan con familiares u otras personas que se hagan cargo de su tutela”.

En el Patronato se ha dado cuenta de la actividad realizada por esta Fundación a lo largo de 2019, ejercicio durante el que se atendieron a 616 personas de las que 417 eran mayores de edad y 199 menores cuya tutela corresponde al Gobierno de La Rioja y la Fundación Tutelar lleva cabo la administración de los bienes.

Sobre la Fundación Tutelar de La Rioja recae la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas judicialmente y residentes en la Comunidad Autónoma así como la administración de sus bienes.

Asimismo, esta Fundación también se encarga de la guarda y protección de los bienes de los/las menores desamparados tutelados y la asunción, en su caso, de la defensa judicial de las personas residentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre las que se haya iniciado un proceso de incapacitación.

 

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