La Enfermería riojana cree que vacunar en farmacias es un riesgo para la población

El colectivo de Enfermería ha publicado un manifiesto en contra de la vacunación y realización de pruebas diagnósticas de COVID-19 en las oficinas privadas de farmacia.

Consideran que, en los últimos años, el colectivo farmacéutico de la empresa privada viene reclamando de forma insistente competencias para administrar vacunas en sus oficinas privadas de farmacia. Esta presión se ha incrementado en los dos últimos años, llegando a su cima durante esta pandemia COVID, y pese a las continuas negativas de la Administración y la frontal oposición de las organizaciones enfermeras.

“Los intereses económicos y sus esperados beneficios para las farmacias privadas están detrás de esta iniciativa y no tanto el bien común o la salud pública. Pese al maquillaje y la cosmética que adornan muchas farmacias y los bondadosos argumentos para administrar vacunas, se encuentra un negocio privado, que ya cobra su porcentaje en la venta de una vacuna y que proponen ahora incluso administrarla y, claro está, cobrar por ello”, explica el colectivo enfermero.

Defienden que, desde la Sanidad Pública, a través de las enfermeras y enfermeros, se ha cumplido durante décadas con esta competencia, “alcanzando con éxito todos los objetivos de higiene, seguridad, calidad y de forma totalmente gratuita, siendo nuestro país uno de los que mayor porcentaje de vacunación alcanza entre los países de nuestro entorno”.

Para este colectivo, es inviable que las farmacias ejerzan esta función por “la necesaria autorización de una instalación sanitaria, la compleja formación para la administración de cualquier medicamento, incluidas las vacunas y la falta de garantías de asepsia”.

“Lo que resultaría injustificable sería que el personal de la farmacia procediera a administrar las vacunas de forma autónoma o por función delegada, ya que en ningún caso administrar vacunas es una competencia farmacéutica y sí enfermera, que también tiene la competencia de su indicación y la capacidad de realizar una observación posterior asociada de los posibles efectos secundarios (incluso de extrema gravedad requiriendo reanimación inmediata)”.

El Colegio de Enfermería lamenta también que los farmacéuticos también quieran realizar pruebas diagnósticas para detectar el COVID-19 en las farmacias. “Un paso más para una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones”.

Desde el conjunto de la profesión Enfermera, la Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Asociación Española de Estudiantes de Enfermería, Sociedades Científicas de Enfermería, Sindicato de Enfermería, Consejo General de Enfermería, firmantes de este manifiesto, consideran que la vacunación en las oficinas privadas de farmacia pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes.

“La recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica. Otros aspectos, como la confluencia de pacientes por distintos motivos en la farmacia, en espacios reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, etc., podrían ser un foco de contagio a la población. En su conjunto, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen inviable la utilización de las farmacias para estas pruebas”.