La Ley Celaá “garantiza la calidad educativa, la igualdad y el principio de equidad”, destaca el PSOE

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Villuendas, ha informado este miércoles sobre los ejes de la nueva Ley educativa, la LOMLOE o Ley Celaá, actualmente en trámite parlamentario y cuya entrada en vigor podría hacerse efectiva en el primer trimestre de 2021.

Una Ley “progresista” con la que “el PSOE cumple su compromiso” y que “garantiza la calidad educativa, la igualdad y el principio de equidad, al tiempo que apuesta por la participación real de la comunidad educativa y la autonomía de los centros”.

La portavoz socialista ha reconocido su “preocupación” por “la radicalización de algunos sectores que lanzan soflamas faltando a la verdad con la única finalidad de provocar el enfrentamiento en la Comunidad Educativa y el desconcierto entre la sociedad riojana”. En este sentido “desde la responsabilidad que ejercemos cada uno debemos animar a confrontar ideas pero no a enfrentar a la sociedad, o entraremos en un terreno muy peligroso”, ha criticado.

Y en el ejercicio de esta responsabilidad, Teresa Villuendas ha aclarado que “esta Ley es muy respetuosa con la Constitución y con los Estatutos de Autonomía, reconociendo el castellano como lengua oficial del Estado, así como las lenguas cooficiales”.

En este punto, ha explicado que “no podemos olvidar que el 40 por ciento de los ciudadanos emplean lenguas cooficiales, son parte importante de la riqueza cultural y patrimonial de este país”.“Es un error de la derecha potenciar la idea centralista de España a través del lenguaje denostando la pluralidad lingüística y perdiendo la perspectiva de la cohesión social”, ha criticado.

En este sentido, ha añadido que “la ley va a garantizar que los alumnos al término de su escolarización alcancen una buena competencia lingüística, tanto en castellano como en las lenguas cooficiales”, y para ello, se crearán comisiones “en todas las Comunidades autónomas con lengua cooficial para velar por la capacitación de los alumnos”.

En cuanto a los conciertos educativos “quedan garantizados” de modo que la LOMLOE únicamente “devuelve a los conciertos el espíritu con el que nacieron, que no es otro que los centros financiados con fondos públicos cumplan con el carácter social para el que son concertados”. Y en este sentido, “tienen que garantizar una escolarización equilibrada y la igualdad de oportunidades”, añade.

Además, “la modificación de las unidades educativas no debe depender de la demanda social, sino de la planificación de la administración y de una inversión de los recursos públicos con criterios de justicia social”, advierte.

En esta misma línea, ha recordado “a los agoreros que van diciendo que el Gobierno de La Rioja va a cerrar los centros educativos concertados, que para el 2021 los Presupuestos recogen en La Rioja 57 millones de euros para financiar los centros privados, 50 dedicados a 0 a 16 años y 7,5 millones a formación profesional, un nivel no obligatorio”.

En este sentido, ha detallado que “el Gobierno de La Rioja realiza el pago delegado de los salarios del profesorado, financia las cargas sociales, la seguridad social y partidas para gastos como la función directiva, los gastos de administración y servicio así como otras actividades dentro del horario lectivo”. Eso sí, ha apuntado, “la Ley dice que los centros que segregan a los alumnos por sexo no deben ser concertados, porque denostan la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que hemos librado durante tantos años”.

En materia de atención a la diversidad e inclusión educativa asegura que “son dos de las prioridades de la Ley” y reitera que “los centros de educación especial, tanto públicos como privados y concertados continuarán existiendo”.

Así, ha remarcado, “se garantiza la libertad de las familias para elegir escolarizar a su hijo, bien en un centro privado y concertado o un centro ordinario con plenas garantías de inclusión y de calidad en la atención educativa”. “Los centros de educación especial seguirán existiendo para aquellos alumnos que tienen unas necesidades específicas, incluso como centros de referencia de los centros ordinarios”, ha añadido.

Por otro lado, en referencia a la enseñanza de religión, ha subrayado que “incluso entendiendo que la religión debiera permanecer en el ámbito privado, la única modificación que registra es que la nota no cuente en el expediente académico para evitar que por ello se impida a un alumno acceder a una beca”.

También ha hecho referencia a otros avances que introduce la ley “y que no son tan cacareados”, como el apartado específico que la ley dedica a la escuela rural “para mejorar aspectos como la oferta educativa de FP, la mejora del transporte o el servicio de comedor”. Aspectos “importantísimos para La Rioja porque tenemos 4.800 alumnos en los 11 Colegios Rurales Agrupados. Pero eso no interesa a los defensores de la privada porque ahí no llegan”, ha expresado.

Por último, ha transmitido “tranquilidad a toda la sociedad riojana, a quienes decidan escolarizar a sus hijos en centros públicos, concertados o privados” porque se trata de una Ley “que educa en valores, tolerancia e igualdad y ha nacido para mejorar la calidad educativa, pero sobre todo, para mejorar la vida de los ciudadanos”.