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El 16 de febrero de 2021

Tiempo de lectura: 01:29
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La lista de los 266 bienes inmatriculados por la Iglesia en La Rioja

La mitad son templos y la otra mitad, parcelas, viviendas o locales

san cosme y san damián

Rioja2/EP

La Iglesia católica de España inmatriculó "a la luz de la legalidad" un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015, según el listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno y enviado este martes 16 de febrero al Congreso de los Diputados. Una ley que permitió a la Iglesia registrar por primera vez como su propiedad. 

En La Rioja, son un total de 266 los bienes inmatriculados, 130 de ellos templos o dependencias complementarias y 136 otros bienes como parcelas, solares, viviendas o locales. Del total, 250 cuentan con certificación eclesiástica y 16, con un título distinto. 

Un amplio listado que puedes consultar aquí y en el que destacan las numerosas fincas, solares y huertas en Ezcaray, el municipio con más bienes inmatriculados. 

"Las inmatriculaciones se han producido al amparo de una situación legal, otra cosa es que, a lo largo de los años, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el gobierno de Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad", ha declarado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y las 14.947 restantes se relacionan con otros usos: terrenos, solares, viviendas o locales, según ha concretado Calvo.

Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título "bastante y suficiente para la demostración".

A partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por "vía administrativa", para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por "la vía de los tribunales".

 

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