Marea Blanca denuncia que una riojana al día interrumpe su embarazo sin garantías legales

Marea Blanca ha señalado “en los últimos diez años se han producido en La Rioja 2.737 interrupciones voluntarias del embarazo sin las garantías que marca la norma que las regula”, entre las que se encuentra que se produzca en un centro público y dentro de la misma región.

Tachan de “inconcebible y sospechoso” que los 26 facultativos del Servicio de Ginecología del HSP tengan declarada la objeción de conciencia para no atender las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, salvo en los supuestos de peligro para la vida de la madre o de malformaciones graves del feto. “En caso contrario, se derivan a otras Comunidades”, advierte Marea Blanca.

“No tiene explicación lógica ni estadística a no ser que la presión ejercida sobre el servicio de ginecología obligue a firmar la objeción de conciencia”, advierten.

Tampoco entienden que desde 2010, que se encuentra regulada legalmente la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras catorce semanas, los distintos gobiernos no hayan establecido mecanismos alternativos dentro de la ley “para evitar el dolor y la desesperación ocasionados a las mujeres que la solicitan”. “Eso supone que en la práctica no se considera a las mujeres sujetos de pleno derecho con autonomía para decidir sobre su vida sexual y reproductiva”, dicen desde Marea Blanca.

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho reconocido legalmente, por lo Marea Blanca subraya que “el Gobierno de La Rioja está obligado a hacerlo cumplir con sensibilidad, teniendo a la mujer en el centro de sus actuaciones políticas”.

“También está obligado a facilitar la información que se le solicita sobre el tema y no a ocultarla como de costumbre. Hemos tenido que recurrir a la Ley de Transparencia para conocer algunos datos, (no todos) que permitan esclarecer las causas que hacen imposible la IVE durante las primeras catorce semanas en La Rioja”, denuncian.

En este sentido, han un llamamiento al Gobierno de La Rioja, a su presidenta, a su consejera de Salud y al gerente del SERIS para que “intervengan de inmediato cumpliendo la Ley con todas las garantías y en consideración hacia la salud de las mujeres, para que puedan ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos de La Rioja”. “En caso contrario sólo quedará el recurso de la movilización ciudadana y finalmente la judicialización”, señalan.