PP: “García convierte al Parlamento riojano en el segundo que ignora la Constitución tras el de Cataluña”

La diputada autonómica del Partido Popular de La Rioja y secretaria segunda de la Mesa de la Cámara, Begoña Martínez, ha reprochado al presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, que “pretenda ser la Ley, el Presidente de ‘la República de su casa’ confundiendo su casa con la de todos los riojanos. El único Parlamento que hasta la fecha pretendía ignorar leyes supremas, como la Constitución, ha sido el de Cataluña”.

“El PSOE genera inseguridad con cada decisión que adopta. Lo que decide el PSOE genera más dudas que certezas y provoca daños colaterales. En este caso deja a los trabajadores del Parlamento en una situación de incertidumbre, ya que transcurrirán varios años hasta que el Constitucional resuelva y frustre las expectativas de 700 interinos de la Administración riojana en circunstancias análogas, que confiaban que la entrada en vigor del Estatuto del Parlamento podría ser una vía para solucionar su situación”, ha añadido.

Martínez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa, para valorar la decisión del Consejo de Ministros de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal del Parlamento de La Rioja.

“Lo peor no es que el PSOE pueda equivocarse, es su obstinación en no escuchar a nadie ni dejarse asesorar por quienes no tienen intereses creados haciendo gala de esos tics de soberbia tan habituales en esta Legislatura”, ha subrayado.

A este respecto, ha explicado que del primer borrador del Estatuto al último se produjo un cambio sustancial. Así, en el anteproyecto inicial la disposición transitoria segunda sobre la estabilización en el empleo determinaba que las plazas ocupadas por personal interino durante un periodo de cinco años se cubrirían mediante el sistema de concurso.

En tres meses, la Mesa aprobaría una convocatoria que consistiría en la valoración de méritos. La diputada autonómica ha apuntado que, posteriormente, este texto se transformó en uno nuevo, en el que, de forma automática, se reconocía a los interinos la condición de empleados públicos fijos, con los mismos derechos que los funcionarios de carrera, pero sin serlo.

A este respecto, “la voluntad del Grupo Popular, como la de todos los grupos, siempre fue encontrar la mejor fórmula para estabilizar a unos funcionarios con puestos de responsabilidad y muchos años arrastrando la condición de interinos. El Grupo Popular defendió la necesidad de algún tipo de prueba para consolidar su situación, así como un informe jurídico externo que avalara que esta disposición era jurídicamente correcta. Ambas se rechazaron con argumentos peregrinos”, ha indicado.

Martínez ha precisado que la “obstinada negativa” a que el Consejo Consultivo realizara un informe, como reclamaba el Grupo Popular, “sólo demuestra las prisas por aprobar un texto con escasas garantías”. La alternativa a este dictamen externo, “de un órgano independiente y con prestigio, fue un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, los mismos que redactaron el estatuto”, ha señalado.

“Por todo ello, el Grupo Popular fue el único grupo que votó en contra de este Estatuto. Porque sus señorías no son soberanas para hacer leyes contrarias a la Constitución. Ahora, el Gobierno de la nación, cuestiona lo mismo que cuestionaba el PP, que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público; que se crea una nueva figura, la de empleados públicos fijos, que no está regulada, y que, pese a la autonomía parlamentaria, no parece competencia autonómica crear estructuras funcionariales propias”, ha insistido.

En este sentido, ha añadido, “justificarse, como hace ahora el Presidente del Parlamento, en la autonomía del propio Parlamento es ignorar que, como todas las instituciones, está sometido al imperio de la ley. El Parlamento, dice su Reglamento, ejerce las competencias que le confiere la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y demás normas del ordenamiento jurídico. Pensar lo contrario es querer ser la ley”.

“Esto se podía haber evitado, pero el PSOE y el Gobierno de Andreu desoyen a todo el mundo y luego se ven obligados a rectificar. Después de generarles grandes expectativas de estabilizar la situación de los interinos, ahora les genera una enorme desconfianza sobre los distintos criterios que se aplican, según las administraciones, y sobre los auténticos propósitos de quienes les gobiernan cuando toman decisiones de este tipo, escasamente amparadas legalmente. Los interinos del Parlamento no parecen los mismos que los de la Fundación Hospital de Calahorra, ni los casi 700 de la Administración General y del Seris con un mínimo de cinco años en su puesto de trabajo”, ha detallado la parlamentaria.

“Así, mientras para los interinos del Parlamento se aprueba rápidamente una disposición transitoria para convertirlos en empleados fijos, para los restantes, el Gobierno de La Rioja sólo da largas anunciando que ya adaptará su legislación autonómica a la legislación básica estatal cuando toque”, ha finalizado.