El Gobierno de La Rioja a Cs: “No vamos a permitir difamaciones irresponsables”

“Ante las declaraciones falsas, irrespetuosas y completamente irresponsables vertidas por una diputada riojana en el día de ayer en rueda de prensa, desde la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud se desea subrayar y dejar fuera de toda duda la labor absolutamente profesional y rigurosa de los funcionarios y funcionarias del Servicio de Inspección Educativa, todos ellos y ellas garantes de sus plazas adquiridas en concurso público y con trayectorias profesionales más que acreditadas durante años en el campo de la Educación”. Así comienza el comunicado con el que, desde el Gobierno de La Rioja responden a las últimas declaraciones de Ciudadanos.

Recuerdan que en el año 2019, con el cambio de legislatura, el Gobierno de La Rioja encontró varios avisos del Tribunal de Cuentas alertando de un laxo control financiero de los conciertos educativos en la Comunidad de La Rioja. Como entidad supervisora que es, y en el cumplimiento de sus funciones como Administración, desde la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud se ha realizado el correspondiente seguimiento desde ese mismo año 2019 de dichos conciertos “para constatar el correcto cumplimiento de los mismos y de las diferentes obligaciones que los centros educativos privados adquieren al acceder a esta subvención”. El servicio que ha asumido esta tarea es, como corresponde, la Inspección Educativa.

Asimismo, y paralelamente, en el año 2020 desde el Gobierno de La Rioja se convocaron oposiciones para ampliar y reforzar el Servicio de Inspección Educativa, pasando de 6 funcionarios y funcionarias que lo integraban entonces a un total de 14 profesionales, bajo el criterio de que dicho servicio se encontraba infradotado y debía reforzarse con carácter urgente para poder cumplir con garantías su labor esencial en el día a día del sistema educativo riojano. Posteriormente, en el mes de julio de 2021 se produjo un relevo en la jefatura del mismo, ofreciéndose desde la Consejería el cargo en primera instancia a un funcionario de larga trayectoria en el servicio. Este funcionario no aceptó la encomienda, con lo que se ofreció a un segundo integrante del equipo, cuya trayectoria y aptitudes están sobradamente acreditadas para el desempeño de sus funciones, tal y como se ha podido de hecho constatar en sus primeros meses al frente del servicio.

“La acusación realizada por una diputada riojana de 'enchufismo y amiguismo' en este proceder en el que se involucran funcionarios de amplias carreras y que han ganado por concurso oposición sus respectivas plazas, es absolutamente infame e irresponsable para el ejercicio del cargo que desempeña dicha diputada, que debe someterse a los principios del rigor y la verdad inherentes al mismo. Desde el Gobierno de La Rioja no se va a tolerar un nivel de difamaciones de este calibre y de puesta en duda de la labor profesional e independiente de un Servicio de reconocido prestigio en la Consejería y en la Comunidad Educativa”, continúan.

Señalan además que “la labor de control y supervisión de la correcta gestión de los centros educativos entre su equipo de trabajadores y en la atención a los alumnos es uno de los principios básicos del trabajo de la Inspección Educativa, que no distingue entre centros de titularidad pública o privada. En este sentido, y en referencia a la Escuela Concertada, de hecho desde la Consejería se ha propuesto en recientes fechas a los representantes de dicha escuela la creación de una Comisión Mixta para trabajar juntos en el análisis de determinadas cuestiones de la gestión diaria de los centros educativos de esta red, con el fin de dotar de mayor rigor y equidad a dicho proceso de análisis. No es la primera vez que se da un marco de trabajo conjunto entre la Consejería y la Escuela Concertada, como ya sucede por ejemplo en los casos de la Oficina de Escolarización Permanente, los acuerdos para las sustituciones exprés del personal docente afectado por COVID en dicha red, o el propio proceso de gestión de los casos positivos entre el alumnado en esta red”.

Consideran desde Educación que afirmaciones del tipo de “caza de brujas”, “búsqueda de conflicto permanente” y “asfixiar” a determinados centros constituyen “una auténtica barbaridad dialéctica, una inaceptable falta de respeto al trabajo del cuerpo de inspectores y su labor profesional e independiente, y un interés que, como ya se ha visto en anteriores intervenciones de esta diputada, se orienta sólo a fomentar el miedo, la incertidumbre y la crispación con una motivación exclusivamente electoralista y sin atención alguna a la verdad y el rigor que deberían regir sus actuaciones”.

Declaraciones de Ciudadanos

Ciudadanos ha denunciado este miércoles “la utilización de la Inspección Educativa para realizar un plan de intervención a los centros concertados y de fiscalización dirigidos por el inspector jefe, nombrado tras realizar una modificación express del Decreto que regula este órgano, en un único punto que era el de contar con una experiencia mínima de 4 años en el ejercicio”.

“Han comenzado una campaña de búsqueda de irregularidades y de caza de brujas en los centros concertados, aplicando directamente lo establecido en las distintas leyes orgánicas, principalmente la LOMLOE, ya que en La Rioja no existe normativa propia”, ha afirmado León.

La formación naranaja ya denunció el pasado 31 de julio que “se abría la puerta al amiguismo y al enchufismo en la unidad de Inspección Educativa, tras esta modificación express del Decreto”. Actualmente se ha reforzado la plantilla con un inspector más, pero “lo realmente grave es que el jefe de inspectores no cuente con la experiencia previa requerida para este puesto, y que también hayan hecho cambios en los coordinadores, rodeándose de personal sin experiencia”, ha puntualizado.

Las funciones de esta unidad administrativa son el control, asesoramiento y evaluación desde el punto de vista pedagógico y organizativo del funcionamiento de los centros y los programas que imparten. Asimismo, la supervisión de la práctica docente y velar por el cumplimiento de las leyes en todos los centros educativos, de todas las redes.

La diputada Belinda León ha resaltado que “buscan ahora asfixiar a los centros de la red concertada con inspecciones que únicamente persiguen encontrar irregularidades en las actividades escolares complementarias, en las actividades extraescolares, en servicios como el comedor o transporte que tienen carácter absolutamente voluntario”.

Los naranjas señalan que las directrices y los precios de todas esas actividades y servicios son aprobados por el Consejo Escolar, y éste es el órgano encargado de aprobar los precios, debiendo simplemente comunicar dicha circunstancia a la administración.

“Inspección Educativa sí que está facultada para comprobar que estas actividades no son discriminatorias, pero en ningún caso, debería de hacer uso de esas facultades para desarrollar su trabajo bajo la presunción de culpabilidad”, ha incidido León.