Concentración por una reforma de la Ley Mordaza más ambiciosa

Amnistía Internacional, que forma parte de la Plataforma No Somos Delito junto a más de 100 organizaciones de activistas, juristas y ciudadanía, desea hacer un llamamiento a la movilización en toda España para impulsar una reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada 'Ley Mordaza', que cumpla con los estándares internacionales sobre libertad de reunión, expresión e información.

Por ello, convocan a la sociedad civil riojana a participar en una concentración en Logroño, el domingo 13 de febrero, a las 12:00 horas, en el Paseo del Espolón, frente a la Delegación del Gobierno (Calle Muro de Francisco de la Mata, 3) con el lema 'Ni Ley Mordaza Ni Mordaza Maquillada'.

Amnistía Internacional explica en un comunicado que “la Ley Mordaza se ha empleado para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se implica en la defensa de los derechos humanos”.

Dentro de muy poco se va a reformar, pero creen que, “desgraciadamente, esa reforma parece más un mero maquillaje que una derogación de sus elementos más lesivos para los derechos humanos”, ya que “la propuesta de reforma no establece mecanismos de control y rendición de cuentas adecuados, y continuará abriendo la puerta a actuaciones arbitrarias”.

Desde su aprobación hasta diciembre 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” y “faltas de respeto a la autoridad”, el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de reforma, lamentan.

Valoran positivamente que deban “desarrollarse protocolos sobre uso de la fuerza y material antidisturbios”, así como la obligación de “utilizar siempre los medios menos lesivos” y evitar “aquellos que causen lesiones irreparables”, pero piden que se prohíba expresamente el uso de las pelotas de goma, que “son altamente imprecisas y no se ajustan a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.

Una Ley de Seguridad Ciudadana que haga honor a su nombre, a su juicio, “debe garantizar los derechos de las personas que alzan la voz y que no se vean afectadas por actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad”. Para ello, creen necesario que “las actuaciones policiales puedan ser documentadas por periodistas y por la ciudadanía en general, algo que, si la actuación es adecuada, no debería suponer ningún perjuicio para los agentes”. Por ello reclaman la eliminación del artículo 36.23, que en el proyecto de ley solo se modifica parcialmente.

Por último, lamentan que el Gobierno no aproveche esta reforma para eliminar la aparente cobertura legal dada por la Ley de Seguridad Ciudadana a las conocidas como devoluciones en caliente y se limite a derivar esta cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.