Nueva huelga de los letrados de Justicia los próximos 9 y 10 de marzo

Los letrados de la administración de Justicia retoman la huelga los próximos 9 y 10 de marzo, como “expresión del descontento de nuestro colectivo y punto de partida de una lucha que en los últimos años se ha visto frenada por la esperanza de alcanzar una solución pacífica que tristemente nunca ha llegado”.

“Reivindicamos dignidad y respeto para el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia”, han señalado.

La paralización en la actividad de los Letrados de la Administración de Justicia implicará que miles de demandas en España dejarán de incoarse, miles de embargos dejarán de practicarse y se suspenderá cuanta operación se encuentre ligada a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que también gestionamos. Las subastas y adjudicaciones de bienes se verán paralizadas y los juicios suspendidos, no se recibirá declaración a víctimas ni perjudicados, investigados, testigos y peritos, al no poder dar fe de su práctica con todas las garantías.

¿Por qué vamos a la huelga?

Tras la anterior jornada de huelga, del día 26 de enero de 2022, con un seguimiento masivo en toda España, “los oídos sordos y la burla parlamentaria del Ministerio de Justicia a las reclamaciones históricas del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia, sitúan un escenario judicial complejo, turbio y conflictivo y en el que, desgraciadamente, el servicio público que se presta por todos los profesionales de la Administración de Justicia queda amenazado”.

Las reformas procesales y organizativas aprobadas en los últimos años (desde el 2009) en el ámbito de la Administración de Justicia, ha derivado en un notable incremento de competencias y responsabilidades del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. “El propio Gobierno consciente del nuevo marco generado en el que cobramos un papel esencial en el funcionamiento de la Justicia, incorporó en la Ley 11/2020, de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, la Disposición Adicional 157 en la que asume el compromiso de la adecuación salarial como mecanismo de respuesta a estas nuevas funciones. Este compromiso ha sido flagrantemente incumplido”.

“Conforme a la ley, somos directores de la oficina judicial, y, como tales, debemos tener el derecho reconocido a una negociación colectiva propia, representada por nuestras asociaciones profesionales, como ocurre con otros cuerpos directivos nacionales”, defienden. Aseguran no sentirse representados por los sindicatos generalistas y consideran ue sus perjudiciales para nuestro colectivo: “De la mesa de negociación se extrae que, los que se sentaron en ella, no han hecho una defensa digna de nuestros intereses. Por ello, pedimos nuestra propia negociación colectiva”.