Piden ocho años y medio a una mujer por explotación sexual de una joven

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El Fiscal solicita una pena de 8 años y medio de prisión para una mujer acusada de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro de determinación al ejercicio de la prostitución al controlar de forma férrea los movimientos de otra joven, aprovecharse de ella y del dinero que obtenía ejerciendo la prostitución. El juicio se celebra este lunes en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada, mayor de edad y de nacionalidad rumana, tenía relación familiar lejana con una compatriota que nació en 1995.

La víctima es una mujer humilde de nula instrucción, sin recursos personales, analfabeta, hija de una matrimonio campesino con siete hijos, con grandes dificultades económicas.

En este contexto, prosigue el escrito, la acusada en el año 2014 acordó con los padres de la víctima y con ella misma acompañarle a España para trabajar ambas en la prostitución, medio en el que podría ganar dinero.

De esta manera, en ejecución de lo convenido, ambas se desplazaron a España en octubre de 2014, pagándole la acusada el viaje a la víctima bajo el compromiso de ir devolviéndoselo conforme fuera trabajando.

Tras un tiempo en la localidad de Pancorbo (Burgos), las dos mujeres llegaron a Logroño, conviniendo el ejercicio de la prostitución en un club situado en la calle Vitoria. Ambas, además, residían en un piso de la calle Chile, donde también vivía un hermano de la acusada y otros compatriotas.

Al poco tiempo de la llegada, a partir de junio de 2015, “la acusada comenzó a ejercer un férreo control sobre la víctima así como al dinero que tenía como crédito por haberle pagado el viaje”.

El escrito del Fiscal explica, además, que “pronto sumó una actitud de control y sometimiento personal para aprovecharse de ella y del dinero que ganaba como prostituta”.

Así, prosigue, la acusada “le confiscó la documentación personal con la excusa de guardársela, le exigía que le entregara la totalidad del dinero que ganaba diciéndole que a las chicas que no les hacían caso les pegaba. Cualquier gasto que tuviera la víctima tenía que pedirle dinero a la acusada, quien además controlaba incluso cuando hablaba con sus padres por teléfono”.

Además, la víctima no podía salir del piso de la calle Chile sola, y muchas veces, “cuando acababa su jornada en el club, la acusada le iba a buscar. Incluso llegó a censurarle que tuviera relaciones con un chico, riñéndole y llegando a pegarle”.

En octubre de 2015, a través de la confidencia de un cliente, el dueño del club contactó con la Policía, destapando la situación.

Toda esta situación era posible “por las características y circunstancias personales de la víctima quien si bien inicialmente aceptó venir a España a ejercer la prostitución, dada su vulnerabilidad y falta de recursos personales para afrontar la situación, pronto se vio sometida al control y presión de la acusada, quien era consciente de la debilidad de su compatriota, creándole una situación que de facto le impedía decidir, y le obligaba a seguir ejerciendo la prostitución en esas condiciones coactivas, dando el dinero a la acusada”.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro delito de determinación al ejercicio de la prostitución y explotación sexual.

El Fiscal procede imponer por el delito de trata la pena de 5 años y 6 meses años de prisión y por el delito de prostitución la pena de 3 años de prisión y multa de 15 meses a una cuota diaria de 6 euros. Finalmente, la acusada indemnizará a la víctima en 9.000 euros por el daño moral causado.

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