CSIF se moviliza por la pérdida del poder adquisitivo y la temporalidad del sector público

CSIF ha comenzado este miércoles una campaña de movilizaciones en toda España contra el Gobierno, “en defensa de las dignidad y la calidad de los servicios de las empleadas y los empleados públicos, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15% desde 2010, cuando se les rebajó el sueldo”.

En La Rioja, estas movilizaciones han comenzado con una concentración a las 12 del mediodía frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, en la que también ha participado JUPOL, sindicato de la Policía Nacional. “CSIF lleva solicitando desde el pasado mes de marzo la apertura de la negociación, pero ante el mutismo de la ministra, hemos decidido iniciar este proceso de negociaciones”, han señalado.

Durante la manifestación se han gritado consignas como “Montero danos nuestro dinero” o “María Madorrán, en Madrid nos escucharán”. Las empleadas y empleados públicos riojanos han gritado también “mejores servicios para el ciudadano y que el dinero no se lo lleven fulanos”, al mismo tiempo que reclamaban “no más tasas de reposición, queremos estabilización” y “mejores condiciones en las administraciones”.

El presidente de CSIF La Rioja, Jesús Vicente Hernández, ha explicado que “se trata de movilizaciones que se realizarán en el conjunto de España y que tendrán continuidad en el tiempo en defensa de nuestros empleados y empleadas públicas, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando el Gobierno central les rebajó el sueldo, por lo que urge negociar una subida salarial”.

Asimismo, el dirigente sindical ha subrayado que “el personal del sector público lleva contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años”, por lo que ha considerado que “necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no puede seguir sufriendo más recortes”, ante lo que urge al Ministerio de Hacienda y Función Pública a sentarse a negociar.

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, Hernández ha alertado sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 32,2% en La Rioja, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que dicha temporalidad ha crecido en nuestra región casi el 59 por ciento en el sector público en apenas tres años.

Asimismo, ha recordado que hay ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social que “se encuentran en una situación muy compleja, como puso de manifiesto la pandemia, y que necesitan un refuerzo extraordinario de personal”. “El déficit de personal de la Seguridad Social en La Rioja es alarmante debido fundamentalmente a jubilaciones del personal, que van a ir aumentando en los próximos meses, lo que sitúa a este servicio al borde del colapso total”, advierten.

Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, CSIF La Rioja considera que “se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara”.

Además, la escalada de precios que estamos sufriendo en estos últimos meses ha derivado en una inflación que se sitúa por encima del 8%, “lo que supone un empobrecimiento generalizado del conjunto de la sociedad, mientras que el Gobierno de la nación ha sido incapaz de aplicar medidas efectivas para contener el alza de los precios”.

CSIF ha defendido que “las cuestiones más esenciales que afectan al conjunto de los ciudadanos se llevan a cabo por servidores públicos, que tienen encomendada tareas tan fundamentales como la protección de la salud, del medio ambiente, la educación, la seguridad, la justicia o la protección de los sectores más desfavorecidos. Así, un Gobierno que defienda el Estado de Bienestar debe recocer y dignificar el trabajo de las y los empleados públicos, su esfuerzo y responsabilidad que cotidianamente llevan a cabo”.

“Por eso hay que pasar de las palabras a los hechos y el Gobierno no puede rehuir la negociación colectiva con los legítimos representantes de los/as empleados públicos para abordar la situación actual, blindando nuestros servicios públicos y reconociendo la labor que prestamos a la sociedad”, han reclamado.