El Gobierno riojano intensifica los controles para exigir los contratos de uva

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, ha detallado este martes en rueda de prensa que “el Plan anual de control de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en La Rioja, que ejerce la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto como autoridad de ejecución, incluirá a la uva para velar por la obligatoriedad de la formalización y cumplimiento de los contratos”.

En su conjunto, “las inspecciones aumentarán en número en La Rioja hasta las 18 entidades inspeccionadas, duplicando en número respecto al Plan de Control anterior y aumentando considerablemente el número de las relaciones comerciales controladas, como compromiso del Gobierno de La Rioja para garantizar que se cumpla la ley. De las 18 entidades, 14 serán del sector vitivinícola, y el resto de los sectores del champiñón y judía verde y zanahoria en congeladoras”, ha agregado.

De esta forma, se irá controlando toda la industria alimentaria riojana, completando así los sectores incluidos en el plan anterior: almazaras, patata y fruta de hueso, dentro de la novedad que suponía este tipo de inspecciones en el marco de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en diciembre de 2021.

Hita, quien ha intervenido junto con la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, ha subrayado que el Gobierno de La Rioja “ha sido pionero entre las comunidades autónomas en aportar transparencia al mercado con la creación del Observatorio de Precios con análisis de costes de producción en marzo de 2020”.

“Somos ahora también pioneros en establecer una política de control intensa. El año pasado fuimos una de las cinco Comunidades Autónomas que trasladamos nuestros planes de control a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y La Rioja está entre las siete Comunidades Autónomas que más controles realiza en el marco de la cadena alimentaria, a pesar de su tamaño y dimensión sectorial”, ha indicado.

La consejera de Agricultura ha enfatizado que “la vendimia es el contexto preciso para hacer un llamamiento claro en favor de la sensibilidad y la concienciación por unos precios justos para la uva, teniendo en cuenta el significado y la relevancia socioeconómica que la viticultura tiene para nuestra región”.

“La nueva Ley de la Cadena Alimentaria del Gobierno de España supone un verdadero cambio de cultura en la cadena agroalimentaria en favor del equilibrio, la transparencia y la creación de valor en todos sus eslabones, en especial, y esa es su piedra angular, para el sector primario”, ha incidido.

“La nueva Ley de la Cadena Alimentaria es una verdadera reforma que ofrece los mayores compromisos, garantías y cobertura en la defensa de los intereses del sector primario, el eslabón más débil. El Gobierno de La Rioja está absolutamente comprometido con el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero este cumplimiento no será efectivo sin el compromiso de todos los eslabones de la cadena, que es el que garantizará el éxito en la aplicación de la Ley para una mayor dignificación, protección y mejor retribución de los agricultores”, ha asegurado.

El contrato, pieza clave de la Ley de la Cadena Alimentaria

“La Rioja es región referente de calidad vitivinícola y este modelo de calidad tiene que estar recompensado justamente en precio para el sector primario. La pieza clave de la Ley de la Cadena Alimentaria es el contrato escrito. El primer elemento de control es el contrato y es lo que da estabilidad a la relación entre las partes, que quedan regladas. El contrato es un vehículo de ordenación de la oferta. Es una cultura que tenemos que ir asimilando. Tenemos que permearlo en nuestra forma de hacer”, ha destacado.

“Desde el Gobierno de La Rioja, nuestro compromiso es total, nuestra acción es toda. Pero necesitamos sumar a todos los actores en esta responsabilidad compartida de que la cadena alimentaria sea una cadena justa y verdadera creadora de valor”, ha resaltado.

La Ley de la Cadena Alimentaria establece la prohibición de la venta a pérdidas; la transparencia en la formación de precios, con los costes de producción como base de los contratos, así como una mayor transparencia en la contratación, con una obligatoriedad de las relaciones contractuales mediante el registro de contratos.

En relación a la implementación de la Ley de la Cadena Alimentaria, Nuria Bazo ha destacado que la Dirección General de Desarrollo Rural, en su potestad de ejecución de los controles para mejorar el funcionamiento de toda la cadena alimentaria, “está implementando un sistema de control adicional al Plan Nacional de Control de la AICA, con los controles al sector bodegas, champiñón y congeladoras hortícolas. Los sectores a inspeccionar se han definido por la importancia en La Rioja, así como por disponer de estudios de costes de producción existentes”.

Bazo ha explicado que “el Plan tiene una duración anual, es decir del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, por lo que los contratos revisados se referirán a las campañas agrícolas 2021”.

“Los controles persiguen el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que agricultores y ganaderos reciban precios justos por sus productos. Esta modificación normativa pretende que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado al eslabón anterior. Con el cumplimiento de esta ley se trata de evitar precios por debajo del coste de producción, sobre todo ahora, con incremento de precios de las materias primas y del combustible”, ha precisado.

Actualmente, el personal técnico del servicio control alimentario, está llevando a cabo estas inspecciones, en las que comprueba si existen contratos por escrito entre las partes en las operaciones de compra-venta; consulta si el precio de los productos queda recogido en los contratos y si cubre los costes efectivos de producción; verifica si las modificaciones de precios han sido pactadas entre las partes y constata si la empresa cumple con los plazos de pago, y dispone de las facturas y pagos necesarios.

Obligatoriedad de cubrir los costes de producción

Bazo ha insistido en que deben formalizarse contratos alimentarios por escrito antes de la entrega de los productos agrícolas o alimentarios en todas las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores de la cadena alimentaria desde la producción a la distribución.

Es una obligación que los precios a pagar en el campo por la industria, los operadores o la distribución cubran los costes de producción. Esta imposición permitirá, que, a lo largo de toda la cadena, se vayan incorporando los costes en cada eslabón con la prohibición de no vender un producto a pérdidas.

“Asegurar lo justo de quienes trabajan en el sector primario es el objetivo. Es de justicia que se cubran los costes de producción, es de justicia que se prohíba la venta a pérdidas, que se les blinde frente a prácticas comerciales desleales y se dote de transparencia real a las relaciones comerciales. Este es el espíritu, está será la realidad con el impulso e implicación de todos los agentes de la cadena alimentaria”, ha subrayado Bazo.

A partir del 1 de enero de 2023 estará puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura, y a él tendrán acceso las autoridades de ejecución, el Registro digital de contratos alimentarios en el que el comprador deberá registrar todos los contratos alimentarios, incluyendo sus modificaciones, que se suscriban con los productores primarios y las agrupaciones de éstos antes de la entrega de los productos.

En el caso de infringir alguna de estas obligaciones, la empresa puede sufrir una sanción, que varía según el grado de la infracción: de 205 euros hasta 3.000 euros si se cataloga como leve; entre 3.001 y 100.000 euros si se califica como grave; y entre 100.001 y un millón de euros si se considera muy grave.

Se considera infracción muy grave la no formalización por escrito de los contratos alimentarios cuando esta formalización sea obligatoria o no incorporar en el contrato alimentario el precio.

Además de las inspecciones de oficio, se podrán realizar inspecciones derivadas de las denuncias. En este sentido la Autoridad de Ejecución adoptará todas las medidas necesarias para proteger la identidad de los denunciantes, así como de cualquier otra información cuya divulgación el denunciante considere que sería perjudicial para sus intereses.

La protección de la identidad del denunciante se garantizará tanto en vía administrativa como, en su caso, en vía judicial. En este último caso, la autoridad de ejecución, actuará en su nombre y representación, si es necesario, y siempre que esa representación no suponga indefensión. No se informará al denunciado de la identidad del denunciante.

Se pueden tramitar las denuncias en el registro ordinario de las Administraciones Públicas, dirigido a la sede de la Agencia de Información y Control Alimentarios.

La Dirección General de Desarrollo Rural de La Rioja está integrada en el Consejo Asesor de AICA, órgano consultivo entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas en el que se informa y se presentan propuestas en los planes de actuación de AICA, y en el Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución en el control de la ley, órgano en el que participan autoridades de control de la ley de la Cadena a nivel estatal y autonómico.