El Sindicato Riojano de Policías asegura que el TSJR certifica el “acoso laboral” a un agente en Santo Domingo

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha asegurado -a través de una nota de prensa- que el TSJR ha terminado de “desarmar la trama de Santo Domingo” con uno de sus agentes de Policía Local que también era delegado sindical.

Como detalla, hace más de dos años, en octubre de 2020, el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, David Mena, “incoó un expediente disciplinario contra uno de sus agentes de Policía Local, en connivencia con su entonces compañero de gobierno y concejal de Policía, Carlos Barrón, y el jefe accidental de Policía, Enrique Altuzarra, puesto discreccionalmente en ese cargo por estos últimos”.

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ya advirtió de los “retorcidos intereses que se escondían detrás de este expediente disciplinario: no es más que otra repugnante maniobra política de acoso laboral contra este funcionario por su condición de delegado sindical, y por destapar desde hace más de una década multitud de corruptelas en el seno de la policía, amparadas estas por el propio Ayuntamiento”.

Como prosiguen, desde los inicios del proceso disciplinario, este agente de Policía y delegado sindical de SRPF “alegó y defendió su inocencia a golpe de pruebas documentadas, e incluso evidenció distintas irregularidades, como el incumplimiento de los plazos procedimentales o algo tan flagrante como la no abstención como instructor y secretaria del expediente de Enrique Altuzarra, jefe accidental de policía y María Vega Arenas, administrativo del Ayuntamiento, por enemistad manifiesta”.

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Además, indican, “esta animadversión del instructor y la secretaria hacia el funcionario es totalmente demostrable, pues este agente previamente ya había denunciado actos irregulares por parte de estas dos personas en el ejercicio de sus funciones, llegando incluso a solicitar la incoación de sendos expedientes disciplinarios contra ellos por estos hechos; hechos que por cierto, a día de hoy, todavía siguen sin ser investigados”.

A pesar de las “concluyentes pruebas de su inocencia” aportadas durante la tramitación del expediente disciplinario, este agente de Policía “fue condenado culpable por sus verdugos, y por si no fuera suficiente, y de manera desproporcionada, se le impuso la pena de muerte de un funcionario, que no es otra que la separación del servicio (despido de la función pública)”.

Como era de esperar, indican, “el agente de Policía, junto a su abogado denunció lo ocurrido ante la sala nº1 de lo contencioso administrativo de Logroño. En mayo de 2021 el juez falló a favor del agente, corroborando su inocencia en una contundente sentencia de 34 páginas, en la que quedaba plasmado de manera taxativa e indiscutible la desproporción e incongruencia del expediente disciplinario”.

“Pero no sólo eso, sino que se admitían también en el texto judicial las irregularidades advertidas por el agente de Policía, como lo eran el no cumplimiento de los plazos, o la no abstención y recusación de las figuras de instructor y secretaria, llegando a señalar el juez a este respecto las consecuencias de semejante acto”. “Sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad disciplinaria en la que pudiera incurrir”.

TSJR

Pero “por muy sorprendente que parezca, y a pesar de la evidencia, no terminaría ahí la cosa, y el Ayuntamiento, en una maniobra incomprensible, si no es por dolo y mala fe, apeló esta sentencia, elevándola al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja”.

Para SRPF “es otra prueba más que demuestra los oscuros y pervertidos motivos por los que se incoó el expediente disciplinario, y que no son otros que los de alargar y perpetuar el acoso y la tortura psicológica a nuestro delegado, pues tras la sentencia quedaba claro que ese expediente estaba viciado desde el primer momento”.

En esta “huida hacia delante” del Ayuntamiento, “y violando en esta ocasión la Ley en lo que se refiere a ejecutabilidad de las sanciones administrativas, decidió echar del Cuerpo de Policía a este agente en abril, a pesar de encontrarse su caso en vía judicial, algo por lo que deberá rendir cuentas en un futuro”.

Este pasado martes 20 de diciembre se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja “en la que se corrobora y ratifica la inocencia de este agente de Policía y delegado sindical (la sentencia deja claro que el expediente fue desproporcionado y los hechos por los que se abrió el mismo inexistentes e indubitados), exponiendo una más que evidente confabulación de acoso laboral urdida por funcionarios y cargos políticos del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada”.

“Si bien es cierto que el Ayuntamiento dispone de 30 días para jugar la carta de recurrir también esta segunda sentencia, y elevar el caso al Tribunal Supremo, sería caer otra vez en un suicido jurídico, aunque SRPF no lo descarta completamente”, ha manifestado.

En el momento en que la sentencia adquiera firmeza, el Ayuntamiento “estará obligado a reincorporar a este funcionario, así como a reembolsarle el sueldo que dejo de percibir desde el día en que fue despedido ilegalmente”.

Igualmente, SRPF asegura que “se exigirá la depuración de responsabilidades tanto del instructor como de la secretaria del expediente, así de todo aquel que haya sido partícipe de este 'aquelarre institucional' y confirman además que el funcionario agraviado pedirá la correspondiente indemnización por los daños ocasionados, así como múltiples denuncias por todos los actos de acoso sufridos durante todos estos años”.

Tanto el abogado particular del compañero de la Policía Local de Santo Domingo de la Calzada, como los servicios jurídicos del SRPF “ya están trabajando en los próximos pasos, tanto administrativos como judiciales, para que aquellas personas que usaron los servicios públicos para su indole personal, den cuenta de todo aquello que se ha demostrado falso en sede judicial”.

Además, “se quiere hacer constar, que se invita a los partidos politicos (SRPF lo hara por escrito) de dicho ayuntamiento a preguntar a la corporación municipal a que cantidad asciende los servicios juridicos contratados por este, ya que ese dinero pertenece a los/as ciudanos/as de Santo Domingo de la Calzada y no para intereses personales”.

Para terminar, “urgimos a la corporación a que cese al jefe accidental de la Policía Local de su puesto a la mayor brevedad, ya que los hechos plasmados en la sentencia del TSJR son de extrema gravedad, ya que se ha separado a un funcionario de carrera por hechos que nunca han ocurrido; y que oferten la plaza de subinspector jefe cuanto antes”.