Continúa la batalla judicial por el despido de un policía local en Santo Domingo

Continúa la batalla judicial abierta en Santo Domingo por el despido de un policía local y delegado sindical. Según ha detallado el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF), el Ayuntamiento calceatense ha llevado el asunto al Tribunal Supremo.

El SRPF ha explicado que “en octubre de 2020, Carlos Barrón (en ese momento todavía concejal de policía) solicitaba la incoación de un expediente disciplinario a uno de los agentes de policía por un presunto abandono del servicio; el alcalde, David Mena, resolvió iniciar el proceso, nombrando como instructor y secretaria a dos funcionarios que, como pudo demostrarse posteriormente, mantenían una enemistad manifiesta con el policía”.

“Tras más de seis meses de alegaciones, pruebas, y a pesar incluso de defectos groseros en los plazos que posteriormente se confirmaron en sentencia judicial, instructor y secretaria decidieron imponer a este trabajador la condena más grave posible, la separación del servicio. Esta resolución de Alcaldía, que dejó a este trabajador en la puerta del INEM, fue llevada ante los tribunales por el letrado Eduardo Antonio Ortega Noguero, en representación del funcionario afectado, obteniendo como resultado una abultada victoria plasmada en la sentencia de la sala nº1 de lo contencioso administrativo de Logroño, en la cual quedaban desmontadas una a una todas las supuestas pruebas aportadas por instructor y secretaria, e incluso dejaba entrever esta sentencia 'sospechosas irregularidades cometidas por estos dos funcionarios”, ha indicado el SRPF.

Y subraya que “a pesar de la contundencia del fallo judicial, el Ayuntamiento, en un acto controvertido, apeló la sentencia, siendo esta elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Rioja”, algo que para el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios: “era solo una maniobra para alargar la situación de desempleo y tortura psicológica a este funcionario, pues la sentencia no dejaba lugar a dudas de que el expediente es falso, y que no es más que otro de sus muchos mecanismos de acoso laboral contra este compañero, pero claro, como los gastos judiciales los pagan los calceatenses...”

A finales del año 2022, prosigue el sindicato, el Tribunal falló a favor del policía, ratificando así la sentencia del juzgado de lo contencioso

administrativo nº 1 e imponiendo las costas del proceso al ayuntamiento calceatense.

“Tras estas dos aplastantes sentencias judiciales, y exponiendo un más que evidente acoso laboral urdido y ejecutado por cargos políticos y funcionarios públicos de Santo Domingo, todo hacía presagiar que el Ayuntamiento depondría su injustificada actitud hostigadora y resolvería la readmisión del funcionario ilegalmente despedido, máxime teniendo en cuenta el superlativo gasto para las arcas públicas que esto supone. Pero nada más lejos de la realidad, el pasado 14 de febrero se conocía la noticia de que el Ayuntamiento de Santo Domingo ha recurrido esta segunda sentencia y llevará el asunto al Tribunal Supremo”, señalan desde el SRPF.

“Es una aberración lo que le están haciendo a este trabajador, alargando de una manera mal intencionada y mezquina su agonía; lo del Tribunal Supremo es una huida hacia adelante, un suicidio jurídico, y la apelación no tendrá recorrido, algo que sabe perfectamente el alcalde y que a pesar de ello no le ha impedido iniciar esta misión kamikaze, porque obviamente los miles y miles de euros que está costando esta salvajada no salen de su bolsillo, sino del dinero público de los calceatenses”, asegura el sindicato.

El SRPF señala además a otros protagonistas en esta trama: “El comportamiento de los representantes de los trabajadores de Santo Domingo es lamentable, indignante y repugnante, guardando silencio mientras que a uno de sus compañeros le atormentan de esa manera, no siendo capaces ni de ponerse en contacto con él”.

Finalmente, el SRPF ha informado de que la representación del trabajador solicitará la ejecución forzosa de la sentencia para que este agente sea reincorporado a su puesto de trabajo en el tiempo que dura el arbitraje del Tribunal Supremo.