Agricultura habilitará este mes la convocatoria para la cosecha en verde de uva
La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha anunciado este jueves, en el Parlamento de La Rioja, que este mes de marzo se habilitará la convocatoria para la 'cosecha en verde' de uva y que se completarán las ayudas estatales con otras regionales.
Hita ha contestado, en el pleno de hoy, a una pregunta del Partido Popular que ha querido saber si considera, el Ejecutivo regional, si con la 'cosecha en verde', dotada con quince millones de euros para toda España, se logrará “recobrar el equilibrio del mercado”.
La consejera ha asegurado que, desde el Gobierno de La Rioja, se está “siempre en continuo diálogo” tanto con el sector como con el Ministerio para poner en marcha “medidas de crisis para equilibrar la oferta y demanda”.
Así, han completado a Europa Press fuentes de Agricultura, la ayuda a la cosecha en verde consistirá en una compensación económica del cincuenta por ciento de la suma de la pérdida de ingresos debida a la ejecución de la cosecha en verde en la parcela para la cual se solicita la ayuda y los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas.
La pérdida de ingresos se calculará como el valor medio de la uva de las campañas que se tomen como referencia. Con la modificación publicada en el BOE e impulsada por La Rioja para el cálculo de la ayuda se considerarán los precios de uva de las campañas inmediatamente anteriores a la pandemia, es decir, de 2017, 2028 y 2019.
De este modo, el precio por kilo de uva eliminado se situaría de media en 53 céntimos, veinte céntimos más que con las condiciones iniciales establecidas antes de la modificación del Real Decreto. El precio por kilo de uva eliminado debería individualizarse en función del rendimiento de cada viticultor en cada parcela.
La 'popular' Noemí Manzanos le ha replicado a Hita que la vendimia en verde ya se implementó, en el año 2020, con un resultado “decepcionante, porque sólo llegaron ayudas a La Rioja para el treinta por ciento de las solicitudes”.
Ha añadido que quince millones de euros para toda España es poco dinero; y que 53 céntimos el kilo está “lejos del coste de producción”.
SEGURIDAD LABORAL
En materia de seguridad laboral, el Partido Popular, en boca de la diputada Begoña Martínez Arregui, ha querido conocer las actuaciones desarrolladas en 2022 en aplicación del Plan Director para la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral.
El consejero de Desarrollo Autonómico, Jose Ángel Lacalzada ha apuntado que “las principales actuaciones” se han basado en “más recursos económicos y humanos a un servicio tan sensible y que estuvo abandonado más de diez años” por el Gobierno del PP.
La 'popular' Begoña Martínez Arregi ha recriminado cómo, “pese al plan director” y que se anuncien “nuevos delegados y un nuevo servicio mejor dotado” las familias y empresa están pagando un “alto coste en accidentes y vidas humanas dificil de entender”.
En cuatro años, ha apuntado, las víctimas mortales se han doblado de cinco a once; y en lo que llevamos de año, ha dicho, ha habido cinco víctimas mortales.
Por tanto, ha pedido reconocer que “no se han adoptado las medidas necesarias”. Le ha recordado, además, que los inspectores de trabajo han convocado una huelga por “falta de recursos”.
Lacalzada ha comenzado lamentando todos los accidentes laborales y fallecimientos, y asegurando que, “por supuesto” son una “prioridad absoluta”.
RAQUEL ROMERO
Por otro lado, y a pregunta de Ciudadanos, el consejero Pablo Rubio ha negado que el Gobierno de La Rioja colaborara, de alguna forma, en el recurso de amparo que presentó la consejera de Igualdad, Raquel Romero, en su condición de diputada por haber sido calificada como tránsfuga.
La portavoz de la formación naranja, Belinda León, ha apuntado “lo grave que es comprar a tránsfugas”. A su juicio, sólo el hecho de presentar el recurso de amparo es “un insulto a la inteligencia de los ciudadanos”.
Ha mostrado su “tranquilidad” por la respuesta de Rubio, aunque no ha olvidado que Romero “ha pagado el equipo jurídico con su sueldo, que sale del bolsillo de ciudadanos”.
“Mejor nos hubiera ido si se hubiesen utilizado los cincuenta millones de su consejería en médicos de Atención Primaria”, ha aseverado.
Para Rubio es “digno de respeto” que Romero haya presentado el recurso en virtud del derecho que le da el sistema democrático. Ha visto en León posiciones “inquisitoriales”.
CONSEJO DE ECONOMÍA SOCIAL
Por último, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha preguntado porque, si el 3 de agosto se aprobó la Ley de Economía social y concedía un plazo de seis meses para la creación del Consejo de Economía Social y Solidaria, “cuál es la razón de que siga sin haberse constituido”.
Lacalzada ha reconocido que llevan un mes de retraso pero ha garantizado que en abril se constituirá. “Estamos trabajando, viendo cual es la formula más participativa”, ha dicho.
Moreno ha reprochado al Gobierno “sacar mucho pecho de la ejecución de fondos pero olvidando el eje social y la necesidad de transformación del modelo productivo”.
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