La mediación del Gobierno intervino el año pasado en 125 ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquiler

El Gobierno de La Rioja garantiza la continuidad del servicio gratuito de mediación en materia de vivienda. Para ello, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población y presidenta del Consejo de Administración del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), Eva Hita, y el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, han renovado el convenio de colaboración con el que se da continuidad al servicio gratuito que presta el IRVI de mediación intrajudicial –cuando el proceso judicial ya está iniciado- y extrajudicial –para evitar llegar a un proceso judicial- en materia de vivienda en relación a ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquiler.

Y es que este servicio de mediación del Gobierno de La Rioja ofrece de forma gratuita asesoramiento en materia de desahucios a los afectados por ejecuciones hipotecarias, por una dación en pago o por un desahucio que implique su inminente lanzamiento. La finalidad de este asesoramiento es que los afectados puedan afrontar su difícil situación en las mejores condiciones de información y con el mayor apoyo posible, incluyendo actuaciones de mediación con las entidades financieras.

Fruto de esta rúbrica, la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública aporta 10.000 euros para financiar este servicio integral y prioritario del Gobierno de La Rioja para reforzar la protección social en materia de vivienda y ofrecer un itinerario de acompañamiento a las personas que atraviesan esta situación. “Asimismo, esta colaboración está evitando lanzamientos traumáticos derivados de ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquiler de vivienda e incluso la suspensión de lanzamientos, con lo que el Ejecutivo de Concha Andreu está reforzando la protección de las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión hasta encontrar una solución habitacional alternativa a través del servicio de mediación del IRVI”, ha destacado el consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio.

El objetivo final de este convenio y del protocolo de coordinación suscrito con la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja es detectar cuanto antes los casos de vulnerabilidad y poder así proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias o desahucios de alquiler que se encuentran en riesgo de exclusión y pueden perder o han perdido su vivienda habitual por no atender el pago de las cuotas hipotecarias o las rentas de alquiler.

Para ello, y como resultado de este acuerdo, se incorporarán al Servicio de mediación del Gobierno de La Rioja profesionales con formación teórico-práctica en la mediación y resolución de conflictos y con formación práctica y/o experiencia profesional suficiente en los últimos tres años a su intervención en el servicio de Mediación del Gobierno de la Rioja. Estas personas mediadoras deberán realizar actividades de formación continua.

“Desde el Gobierno de La Rioja ofrecemos un círculo de protección social para actuar ante situaciones de vulnerabilidad económica y social y garantizar el acceso a un derecho básico como es la vivienda, ofreciendo un itinerario de acompañamiento. La vivienda es clave en la política social del Gobierno de Concha Andreu comprometido con reducir las desigualdades”, ha destacado Hita.

Balance de la actividad de mediación

El balance del servicio gratuito de mediación en 2022 señala que se han iniciado un total de 125 expedientes de mediación, un 50 por ciento más que en 2001, de los que se han finalizado ya un 74 %. El porcentaje de mediaciones concluidas con acuerdo es del 76 por ciento. El porcentaje de acuerdos en materia de alquiler es del 78 por ciento y en préstamos hipotecarios es del 75 por ciento. Asimismo, se han celebrado un total de 413 sesiones para alcanzar los acuerdos en los que se han encontrado soluciones y alternativas que han evitado la pérdida de la vivienda y la desprotección de las familias.

Ante una ejecución hipotecaria, el IRVI media con las entidades financieras para, entre otros aspectos, suspender el pago de la cuota de la hipoteca y pagar solo intereses a un tipo reducido con ampliación del plazo de amortización; reestructurar la deuda hipotecaria; reducir la deuda o el capital pendiente de amortización, o la dación en pago. Ante un desahucio de alquiler, el IRVI media con los arrendadores para aplazar y fraccionar el pago de la renta de alquiler; reducir la renta y revisar las condiciones del contrato; realizar una quita de la deuda o suspender el lanzamiento.

Ante la pérdida de vivienda por desahucio de alquiler, subasta judicial o dación en pago, el IRVI facilita a las personas la inscripción en el Registro público de solicitantes de alquiler social; ofrece y adjudica viviendas de alquiler social; impulsa programas de acompañamiento social, y asesora y media con entidades financieras para firmar contratos de alquiler en la vivienda subastada o entregada en la dación en pago. El IRVI también informa y tramita ayudas públicas para facilitar el pago de la renta de alquiler.