Investigaciones “justas e imparciales”

Amnistía Internacional [AI] ha reclamado a las autoridades peruanas que lleven a cabo investigaciones “justas e imparciales” sobre la muerte de diez indígenas en los enfrentamientos que se produjeron el pasado mes de junio después de que un grupo de indígenas bloqueara una carretera de la Amazonía, en el norte de Perú. Estas investigaciones deben unirse a las que ya están en curso sobre la muerte de 23 agentes de Policía durante los mismos hechos.

Los incidentes, en los que resultaron heridas al menos 200 personas, se produjeron el pasado 5 de junio, cuando la Policía intervino para poner fin a una protesta pacífica en una carretera próxima a Bagua, en el norte de Perú, donde miles de personas se manifestaban por el uso de la tierra y los recursos. “Deben adoptarse medidas para llevar ante la justicia a todos los presuntos autores de estos abusos graves y proporcionar reparación a todas las víctimas”, afirmó la directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América, Guadalupe Marengo.

Miles de indígenas llevaban más de 50 días bloqueando pacíficamente la carretera en señal de protesta por una nueva ley que, según afirmaban, representaba una amenaza para su subsistencia, según Amnistía. Un nuevo informe de la organización revela que, mientras que se ha detenido y acusado a manifestantes en relación con los homicidios de agentes, ninguno de los presuntos implicados en las muertes y lesiones de manifestantes ha sido acusado hasta la fecha. Además, los dirigentes indígenas han sufrido intimidación y acoso por parte de las autoridades.

“Los actos de hostigamiento e intimidación contra dirigentes indígenas tienen que acabar, y se ha de garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier decisión que pueda afectar a su derecho a la tierra y los recursos”, afirmó Guadalupe Marengo.

En julio de 2009, Amnistía Internacional visitó las localidades de Bagua y Bagua Grande y a algunas de las comunidades indígenas que participaron en el bloqueo de carretera y las protestas. Amnistía entrevistó a familiares de las víctimas mortales, incluidos familiares de los agentes muertos, así como a manifestantes, detenidos, testigos presenciales y líderes comunitarios e indígenas.

Entre otras personas entrevistadas por Amnistía Internacional estaba Violeta Piitug Wampush, viuda de Felipe Sabio César Sánchez, dirigente de la pequeña comunidad indígena de Wawás y periodista de una emisora de radio local. Fue abatido a disparos cuando salía del hospital de Bagua, al que había acudido para informarse sobre los indígenas muertos y heridos ese día. “Del mismo modo que reconocen a los agentes de policía como funcionarios del Estado, deben reconocer también a mi esposo, caído en defensa del territorio de la Amazonía”, dijo a Amnistía Internacional.

De los 23 agentes de policía, 11 fueron víctimas de homicidio cuando estaban en manos de los manifestantes indígenas como rehenes, y un agente continúa en paradero desconocido. Flor de María Vásquez, esposa del comandante Miguel Antón Montenegro Castillo, uno de los agentes muertos el 5 de junio, sigue esperando a que le respondan por qué la Policía no envió refuerzos en su ayuda. “Era una situación que podía haberse evitado de antemano, podían haberlos rescatado, podían haberles salvado la vida. ¿Por qué no acudieron? Eso es lo que todavía no nos han explicado”, declaró Flor de María a Amnistía Internacional.