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Empresas privadas concederán licencias y emitirán informes en 2010

Agencias

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Las empresas privadas empezarán a conceder licencias, así como emitirán certificaciones, actas, informes y dictámenes en materia de ordenación del territorio desde los primeros días de 2010 gracias a la Ley de Medidas Liberalizadoras desarrollada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre con la que se da cumplimiento a la Directiva de Servicios Europea.

Esta normativa, que ya ha superado el trámite parlamentario, ha sido vista con buenos ojos por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), por la patronal de los empresarios madrileños CEIM, por la Cámara de Comercio madrileña y por el sector de la hostelería porque entienden que fomentan la inversión y ayudarán a crear empleo y riqueza.

No opinan lo mismo la Copyme, COCEM, CC.OO., UGT e IU, que consideran que “desnaturaliza” el mercado al favorecer a grandes superficies con medidas liberalizadoras y que su normativa “no es el camino” para reactivar la economía.

En cualquier caso, el Gobierno regional defiende que con su puesta en marcha se crearán 20.000 puestos de trabajo y se disminuirá a la mitad el plazo para recibir licencias.

Con la incorporación de una enmienda del PP, la norma contempla por primera vez en el ámbito regional, después de que ya lo hiciera el Ayuntamiento de Madrid, que la Comunidad desarrolle una legislación para que entidades privadas colaboradoras puedan emitir certificaciones, actas, informes y dictámenes en materia de ordenación del territorio.

Por otra parte, la norma modifica más de 50 procedimientos de la administración y agiliza el proceso para la creación de nuevas empresas en sectores claves para el desarrollo de la región. La ley moderniza la Administración regional y conlleva la supresión o modificación de más de 70 normas autonómicas.

MÁS HOTELES Y CENTROS COMERCIALES

La nueva ley facilitará la creación de nuevos centros comerciales y la ampliación de los ya existentes, mediante la supresión de la segunda licencia hasta ahora necesaria de la Administración autonómica, sustituyéndola por una comunicación una vez otorgada por el Ayuntamiento la licencia municipal.

De este modo, se reducen costes a las empresas comerciales y se elimina la tasa actual de 1.933 euros. Por otra parte, se suprime la distancia mínima de 10 kilómetros entre áreas de servicio de carretera, y se permite ofrecer servicios de hostelería y hospedaje en áreas de servicio situadas cerca de los núcleos de población, algo hasta ahora prohibido.

También fomentará la puesta en marcha de nuevos establecimientos hoteleros y de restauración al suprimir las autorizaciones de clasificación necesarias en la actualidad por una comunicación o una declaración responsable, ahorrándose trámites de hasta seis meses de duración.

En cuanto a las agencias de viajes se elimina el requisito de estar en posesión del título-licencia para el ejercicio de la actividad y se sustituye por una declaración responsable. Además, los restaurantes o bares de los hoteles podrán realizar reformas para disponer de acceso directo desde la calle y podrán instalar también terrazas.

Desde el punto de vista industrial, todos los trabajadores podrán empezar su negocio de forma automática, al sustituirse el permiso de actividad de la Comunidad por una sencilla comunicación, un trámite que ahora duraba hasta tres meses. Para ello, se suprimirá la autorización de instaladores y mantenedores de actividades industriales por una declaración responsable, y se eliminará la obligación de que empresas procedentes de otras comunidades autónomas se inscriban en un registro específico, que debía actualizarse cada cuatro años.

REDUCIR PLAZOS

También se reducirán a la mitad los plazos de más de 50 procedimientos que llevan a cabo particulares y empresas con la Administración, así como al sustituir los efectos negativos por positivos o estimatorios en la falta de resolución expresa en el plazo establecido. Por último, se permitirá con esta nueva normativa autonómica la creación de colegios profesionales de adscripción voluntaria.

Respecto a los mercadillos, se establece que “las autorizaciones serán transmisibles, y tendrán una duración mínima de cinco años con el fin de permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos, y prorrogables expresamente por idénticos períodos” y señala que “las autorizaciones municipales, personas físicas o jurídicas, estarán obligados a acreditar anualmente, ante los respectivos Ayuntamientos estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Administración Tributaria así como el correspondiente seguro de responsabilidad civil”.

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