Las Fiscalías Provinciales contarán con personal especializado en discapacidad y tutela

La Fiscalía General del Estado ha difundido una instrucción que impone la creación de una Sección de lo Civil integrada por al menos dos profesionales en todas las Fiscalías Provinciales españolas y en su caso, también en las de Área, que deberán integrar además, personal especializado en asuntos relativos a la discapacidad y la tutela.

Según la instrucción número 4/2009, el funcionamiento de estas Secciones “se ha revelado muy eficaz para afrontar las numerosas y nuevas situaciones” que se presentan en materia de jurisdicción civil y, dado que los casos se han incrementado, se hace necesario que todas las Fiscalías españolas dispongan de una unidad especializada.

Por eso, la Fiscalía General del Estado ha previsto la constitución de estas unidades que estarán compuestas por al menos dos fiscales cuando la plantilla lo permita. Estos profesionales, especializados en jurisdicción civil, podrán “compatibilizar su actividad” con otras tareas, aunque la prioridad sea esta.

Estas Secciones tendrán además, un régimen especializado en materia de discapacidades y tutelas que se constituirá mediante la designación de al menos dos fiscales, si hay disponibilidad en la plantilla, encargados del despacho de asuntos relativos a estas materias.

La constitución de este régimen especial tiene que ver con “la ingente problemática que plantean las muy diversas situaciones jurídicas inherentes a la protección de personas con discapacidad” lo que ha provocado la creación de Juzgados y Secciones de Audiencias especializados con carácter exclusivo cuyas actuaciones “demandan una constante y pormenorizada atención por parte de la Fiscalía”.

“Estas circunstancias aconsejan que se establezca en todas las Fiscalías Provinciales y, en su caso, en las de Área, un régimen especializado para el tratamiento de las cuestiones relacionadas con discapacidades y tutelas en el marco de las correspondientes Secciones de lo Civil, que permita articular respuestas eficaces y acordes con los criterios uniformes establecidos por la Institución en defensa de los más desvalidos”, explica la instrucción.