Mirando a la Televisión venezolana

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El cierre de la cadena de privada Radio Caracas Televisión (RCTV), al serle negada la renovación de su licencia de emisión por parte del gobierno de Hugo Chávez, ha despertado no sólo las críticas dentro de Venezuela, sino también fuera de sus fronteras.

El cese de emisión de la cadena más antigua del país latinoamericano (llevaba 53 años en el aire) ha provocado importantes protestas en Venezuela, que se han saldado de la peor manera, con la muerte de dos estudiantes.

Las manifestaciones de los opositores al cierre de la cadena han tenido especial importancia en la ciudad de Mérida, cuya población es principalmente universitaria. Allí es donde han perdido la vida Marcos Rosales, de 28 años, estudiante y dirigente del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT); y Yorsinis Carrillo Torres, de 15 años, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Rosales recibió tres impactos de bala cuando un grupo de desconocidos atacó por sorpresa a los manifestantes. Horas antes, Carrillo Torres recibía un disparo en el pecho mientras participaba en otra de las protestas contra el cierre de RCTV.

El ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, ha señalado que estos hechos son fruto de una “emboscada”, atribuibles a la “oposición irracional”, aunque inicialmente los agresores fueron identificados como “desconocidos”. Sin embargo, la realidad de las calles de Mérida, reflejaba el enfrentamiento violento entre estudiantes de la oposición y del chavismo, en los que tuvieron especial protagonismo los cuerpos de seguridad del Estado y donde varias personas resultaron heridas.

También hubo más protestas violentas en ciudades como Ejido, Valencia o en el estado de Anzoátegui. En la capital, Caracas, se reunieron estudiantes llegados de diferentes regiones del país para manifestarse en contra del cierre. En la mayoría de estas protestas tuvo que intervenir la policía, quien no dudo en realizar detenciones y en lanzar gases lacrimógenos y disparos de perdigones para reprimir los disturbios.

Lejos de desaparecer, las protestas estudiantiles siguen convocadas y continuarán por todo el país para repudiar la decisión del gobierno de Hugo Chávez.

Críticas internacionales

La política que está llevando a cabo el gobierno venezolano con respecto a los medios de comunicación no sólo ha despertado la furia estudiantil, sino que ya son varios los países y organizaciones que han criticado esta postura del régimen de Hugo Chávez.

Por un lado, están las duras palabras del ministro de Exteriores de Francias, Bernard Valero, quien ha acusado a Chávez de violar “las libertades fundamentales y los derechos humanos”, tras decretar el cierre de seis canales de televisión por cable, entre ellos la opositora Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV).

Ante esta grave acusación, el presidente venezolano ha insistido en que la intención del gobierno galo de Nicolas Sarkozy es injerir en los asuntos internos de Venezuela. “Que lo haga Estados Unidos no es extraño, extraño es que no lo hicieran. Pero no sé por qué el gobierno de [Nicolas] Sarkozy tiene que meterse en cosas internas que además están totalmente apegadas a la ley”, ha afirmado Chávez. Además, el gobierno venezolano ha querido lanzar una advertencia al Ejecutivo francés: si Francia ratifica lo expresado por Valero, las relaciones entre ambos países podrían cambiar, ya que “pondría en entredicho su apego al Derecho Internacional y su intención de mantener relaciones cordiales” con el Estado venezolano.

Más cauto parece haberse mostrado el gobierno chileno, quien ante el cierre temporal de Televisión Nacional de Chile (TVN), en su emisión internacional, ha asegurado que esto no significará un problema diplomático entre ambos países latinoamericanos. Así lo ha asegurado la secretaria general del gobierno chileno, Pilar Armanet, quien además ha apuntado a una posible solución. “Nosotros hemos tomado contacto con el embajador de Chile en Venezuela, la información que hemos podido recabar es que existen trámites administrativos que es necesario realizar, esos trámites los está tramitando el operador de cable que lleva la señal de TVN a Venezuela y esperamos que esta situación se revierta en los días que vienen”, afirmó Armanet.

Además, el propio Hugo Chávez se mostró más comprensivo con este caso que con el de RCTV, “el gobierno chileno ha sido juicioso, ellos han dicho que van a entregar unos recaudos, mientras el gobierno de Francia dice que Venezuela viola [las libertades fundamentales] no estamos violando nada”.

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado que el gobierno español sigue “con interés todo el desarrollo de la situación”. “Esperamos que el diálogo y lo que son todos los elementos de configuración institucional democrática y de libertad de expresión y de prensa se sigan desarrollando en todos los países latinoamericanos incluido Venezuela”, ha afirmado el ministro, que incidió en que España mantiene “las mejores relaciones” con todos los países de la región incluida Venezuela.

Por otro lado, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) se ha sumado a las críticas contra los últimos cierres de televisiones en Venezuela. Para esta asociación defensora de la libertad de expresión, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual obliga al cierre de estas cadenas, es discriminatoria contra los medios de comunicación opositores al gobierno de Hugo Chávez.

“Existen dos opciones: aceptar la obligación de transmitir los interminables discursos presidenciales conocidos como 'cadenas' o simple y llanamente desaparecer de la pantalla de televisión”, afirman desde RSF.

Además, aseguran que “la imposición de las 'cadenas' contraviene el derecho de los medios independientes a elegir su contenido e impide la libre circulación de una información plural. Atenta también al derecho de los ciudadanos venezolanos de elegir sus programas”.

En opinión de RSF, la nueva suspensión de RCTV Internacional evidencia “la alergia del gobierno de Venezuela a las voces disidentes en los medios de comunicación de gran audiencia” y pone de manifiesto su intención de “confiscar la palabra pública”.

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