Medidas cautelares contra Matas y Fernando Areal

La comparecencia del ex presidente del Govern, Jaume Matas, en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, finalizó en torno a las 23.30 horas tras más de doce horas de interrogatorio, durante las cuales se ha desvinculado de forma continua de la gestión administrativa y de los contratos rubricados durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos. Parte de este desfase, según las investigaciones, pudo servir para engrosar el patrimonio de Matas y financiar de forma irregular al PP.

La declaración del ex ministro de Medio Ambiente, a quien se le imputan nueve delitos castigados con penas de hasta treinta años de prisión, transcurrió de forma lenta debido a que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 le exhibió de forma constante contratos y actas relativos a la ejecución de las obras, tema que centró la mayor parte de la deposición. Sin embargo, el encausado, asistido por los letrados Rafael Perera y Manuel Ollé, aseguró que “no tuvo ninguna intervención” en las actuaciones administrativas y apuntó al respecto que se fiaba de los “controles” de los servicios jurídicos del Ejecutivo balear, que eran los encargados de “fiscalizar y garantizar la legalidad” de la gestión en la construcción de esta infraestructura.

“Yo no estaba para esas cosas”, incidió en varias ocasiones el ex presidente, asumiendo “con todas las consecuencias” su decisión política de llevar a cabo este proyecto. Unas afirmaciones constantes que llevaron a algunas defensas a considerar que su declaración, desarrollada entre ayer y hoy, “se ha parecido más a un mitin político”. El inculpado se desligó además de los contratos de obra adjudicados durante la construcción (2005-2007) y en este contexto atribuyó al ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, la responsabilidad en torno a las decisiones que se adoptaron en el marco de las reuniones de la Fundació Illesport -a través de la cual el Govern participaba económicamente en el consorcio creado para la construcción del velódromo-.

Además, admitió que el medallista olímpico, quien en la actualidad padece una grave enfermedad y también se encuentra encausado en este procedimiento, fue nombrado en este órgano a propuesta suya así como de la ex consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig.

Por otro lado, el ex presidente defendió la legalidad de los pagos que percibió del bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales cuando abandonó la política, y que también están siendo investigados en el marco de esta causa, al aseverar que las cantidades que percibió en 2007 y que ascenderían a unos 31.000 euros fueron en concepto de trabajos que realizó para este despacho, gabinete que previamente había sido contratado en la pasada legislatura por el Ejecutivo de Matas.

Durante el interrogatorio, el juez se interesó por estos pagos presuntamente irregulares y que según las pesquisas llevadas a cabo, recibió Matas en su cuenta bancaria y llamó la atención de los investigadores por no aparecer el concepto por el que habían sido abonados y porque no se le conocen al ex presidente conocimientos jurídicos que justifiquen la elevada cuantía.

Mientras tanto, también fue preguntado por la contratación del periodista Antonio Alemany, imputado en la pieza separada del caso por una presunta financiación irregular del PP, y al respecto recordó que era la persona encargada de elaborar sus discursos por tratarse de un profesional “absolutamente válido” para su asesoramiento de imagen. “Una cosa es escribir noticias y otra discursos, y él los hacía muy bien”, subrayó el imputado.

Sin embargo, se desvinculó de cualquier tipo de irregularidad respecto al expediente de contratación del periodista y aseguró desconocer de qué modo se llevó a cabo, pese a que de acuerdo a las indagaciones realizadas se efectuó a través de la empresa de publicidad Nimbus de forma supuestamente amañada.

Se da la circunstancia de que una vez reanudado por la mañana el interrogatorio, el juez José Castro ordenó el cambio de sala en la que se estaba llevando a cabo el interrogatorio, al aceptar la propuesta que le hizo el abogado Rafael Perera, quien sospechaba de la existencia de micrófonos distribuidos en la habitación, lo que explicaría la publicación hoy en la prensa de parte de las declaraciones que se produjeron ayer, sobre todo, de las conversaciones telefónicas que fueron pinchadas por orden judicial.