Los retos de la Presidencia Europea

Los derechos de los inmigrantes y refugiados y el silencio sobre la ‘guerra contra el terror’ son los aspectos que más preocupan a Amnistía Internacional (AI) de la gestión de la Presidencia española de la Unión Europea durante estos primeros tres meses. Así lo han hecho constar hoy Esteban Beltrán, director de AI España, y Nicolas Berger, representante de AI ante la UE durante la rueda de prensa concedida en Madrid.

Para Esteban Beltrán, el inicio de la Presidencia española se caracteriza por “luces y sombras muy acusadas respecto a derechos humanos en la UE”. Respecto a la denominada ‘guerra contra el terror’, AI afirma que es necesario que el Consejo Europeo haga una mención expresa “a la urgente necesidad de emprender investigaciones por la presunta implicación de Estados miembros en las detenciones secretas y entregas extraordinarias llevadas a cabo junto a los Estados Unidos” en el marco de la lucha contra el terrorismo.

“Prácticamente ninguna persona que sufrió violaciones de sus derechos humanos ha tenido derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, denunció en este sentido Esteban Beltrán. El director de AI España criticó que “todo se ha mantenido en silencio”.

El otro aspecto por el que Beltrán se ha mostrado preocupado es la inmigración. Sobre este asunto ha afirmado que la pregunta que se hace la UE es “¿Cómo hacemos para que no lleguen los inmigrantes y cómo hacemos luego para expulsarlos?” y ha denunciado que no se hayan impulsado negociaciones con los principales países de origen de los migrantes en los últimos tres meses.

En esto ha estado de acuerdo Nicolas Berger, quien ha afirmado que los políticos europeos deben “dejar de hablar y empezar a hacer”. Berger ha prestado especial atención a la situación de la población romaní en Europa, que en muchas ocasiones es víctima de discriminación y desalojos forzosos que atentan contra sus derechos. El representante de AI ante la UE considera, en este sentido, que es necesaria una directiva a nivel europeo contra la discriminación de todo tipo. “Necesitamos esa directiva, pedimos al presidente español que presida esta iniciativa; necesitamos más fuerzas en coalición contra la discriminación”.

Beltrán y Berger coincidieron en otro punto. Si bien consideran que “el gobierno español tiene un compromiso contra la pena de muerte”, también han recordado que hace sólo unos días tuvieron lugar en Bielorrusia, país miembro de la Unión Europea, dos ejecuciones y que a la UE “le ha llevado 11 días responder a estas penas capitales”. Nicolas Berger se refirió a Rodríguez Zapatero al respecto recordando que “el presidente siempre dice que en la UE se puede hablar de todo, pero parece que no de derechos humanos. Si se puede hablar de todo, se puede hablar de derechos humanos”, ha concluido.

El director español de AI ha alabado la labor de la Presidencia española para frenar la violencia contra la mujer en Europa. Para Esteban Beltrán, en estos tres meses se ha hecho un “esfuerzo genuino” para paliar la situación, especialmente, con la creación del Observatorio Europeo contra la Violencia de Género.

A Esteban Beltrán y Nicolas Berger los acompañaban las abogadas de dos de los presos apoyados por AI y por los que existe actualmente más consternación.

Kazuko Ito es la representante legal de Okunishi Masaru, un preso condenado a muerte en Japón desde 1969 tras haberle sido extraída una confesión a la fuerza como única prueba. El caso de Masaru ha sido revisado en múltiples ocasiones por tribunales superiores pero, dado el derecho que en el país nipón posee la fiscalía de apelar las decisiones, los fallos de inocencia han sido siempre revocados. Actualmente, Masaru, que fue condenado a los 35 años, cuenta ahora con 84 años de edad y un delicado estado de salud. Por este motivo, sus abogados piden “el apoyo de los medios de comunicación y de la comunidad internacional”. “Pedimos al tribunal que inicie un nuevo proceso y que lo declare inocente. No queremos que muera en el corredor de la muerte”, ha declarado Ito.

Acompañando a la letrada japonesa, estaba Sapna Malik, abogada de Binyam Mohamed. Este ciudadano etíope residente en el Reino Unido fue víctima del programa de entregas extraordinarias que Estados Unidos aplicó a principios de la década para hacerse cargo de presos no estadounidenses susceptibles de haber cometido actos terroristas. Binyam Mohamed estuvo recluido en la prisión de alta seguridad de Guantánamo desde 2004 hasta 2009, dónde ha denunciado haber sufrido graves torturas en múltiples ocasiones. Ahora sus abogados tratan de que se sepa la verdad y de que a Mohamed, que actualmente sufre de un trastorno de estrés postraumático a causa del trato que le fue dispensado en Guantánamo, se le dé una reparación por los daños sufridos.