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El 14 de abril de 2010

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El Tribunal Constitucional paraliza los derribos de El Cabanyal

El alto tribunal admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Central. El derribo fue aprobado el 24 de marzo por las Cortes Valencianas.

Agencias

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la ley aprobada por las Corts el pasado 24 de marzo que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio valenciano de El Cabañal, un acuerdo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso, el pasado viernes, para las partes y desde la publicación en el BOE para terceros.

Asimismo, acuerda oír a las partes sobre la posible acumulación de este recurso al anterior, lo que supone que previsiblemente el alto tribunal resuelva en una única resolución sobre ambos.

Las Cortes Valencianas aprobaron el pasado 24 de marzo, con los votos a favor del PP, la ley que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) en El Cabanyal que permitía ejecutar la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar a través de este barrio de Valencia.

Esta norma sustituía y derogaba el Decreto-Ley que el Consell publicó el pasado 7 de enero -y que también había sido recurrida por el Ejecutivo socialista ante el TC- en oposición a la orden del Ministerio de Cultura que declaraba como acto de expolio las actuaciones derivadas del PEPRI y, por lo tanto, obligaba a suspender la ejecución de este proyecto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el pasado viernes que el Gobierno había acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley de la Generalitat valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, que avalaba el PEPRI, y señalaba que esta iniciativa legislativa "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio de patrimonio histórico que corresponden al Estado", y afirmaba que el Gobierno estaba ejerciendo precisamente estas competencias en relación con el barrio de El Cabanyal.

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