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El 27 de mayo de 2010

Tiempo de lectura: 03:16
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2010, el año de la brecha en la justicia global

Amnistía Internacional ha hecho público su informe del estado de los derechos humanos en el mundo y denuncia los abusos cometidos en los centros de menores españoles.

Presentación informe AI 2010

Redacción

“El agujero negro en nuestra justicia universal no es un concepto teórico, es una realidad cotidiana de mujeres y hombres en todo el mundo”, con estas palabras Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía Internacional en España, hacía referencia a la brecha existente en la justicia global que condena a millones de personas a sufrir abusos.


Durante la presentación del Informe 2010: El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, realizado por la organización, se pusieron de manifiesto cifras que hacen comprender la realidad que viven millones de personas en diferentes rincones de todo el planeta, tanto en los países denominados desarrollados como en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.


Todavía en el mundo existen 81 Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mediante el cual se pretende poner fin a la impunidad de los autores de crímenes contra la humanidad y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes, de los cuales 7 pertenecen al G-20, es decir, siete de los Estados más poderosos del mundo no han ratificado el Estatuto que permitiría hacer llegar la justicia a todos los rincones del planeta.


Por otro lado, Amnistía Internacional ha registrado durante el año 2009, un total de 61 países donde los responsables de actos de tortura gozaron de impunidad, juicios injustos en al menos 55 Estados, restricciones sobre la libertad de expresión en 96 países, torturas y malos tratos durante interrogatorios en 111 naciones y presos de conciencia en otros 48 Estados.

Estas alarmantes cifras podrían descender si la brecha de la justicia universal fuera menor. Sin embargo, dicha brecha seguirá presente debido a cuatro elementos, según expuso Esteban Beltrán, director de AI en España. Por un lado, Beltrán habló del cuestionamiento de la justicia universal por parte de las autoridades nacionales, la mayoría de las cuales no investigan ni procesan los crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, se encuentra la politización de la justicia y la falta de responsabilidad por parte de las empresas en cuanto a las violaciones de derechos humanos.

“La brecha en la justicia no sólo existe entre personas y gobiernos. El poder y la influencia de las empresas en todo el mundo es cada vez mayor, pero raramente hay rendición de cuentas”
, afirman desde Amnistía Internacional.

El caso español


En cuanto al estado de los derechos humanos en España, los datos aportados por la organización destaca un retroceso, sobre todo, en lo que a justicia universal se refiere. “España ha contribuido a aumentar esta brecha en la justicia global”, señalaba Beltrán, haciendo referencia a la reforma de la Ley del Poder Judicial que restringe la aplicación de la jurisdicción universal.


Sin embargo, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito en el Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, quien también estaba presente en la presentación del informe, se mostró esperanzado ante las excepciones que dejaba abierta dicha reforma.

“Han abierto dos brechas, a mi modo de ver, una es la interpretación que puedan hacer los jueces del vínculo de conexión relevante con España”, así el magistrado explicó cómo un juez español no puede ser ajeno a las violaciones de derechos humanos en algún país del mundo porque hay una vinculación. Martín Pallín también habló de la excepción que reconoce la reforma a los tratados internacionales firmados por España. Uno de ellos es la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un mecanismo que según el magistrado español hace que España deja abierta una puerta a lo que trataba restringir.


Otros aspectos que señala el informe sobre el estado de los derechos humanos en España son: la tortura y otros malos tratos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad; los derechos de las personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; la seguridad y medidas antiterroristas; los abusos cometidos por grupos armados; los derechos de la infancia; la violencia contra mujeres y niñas; el racismo y las desapariciones forzadas.

demás el director de AI España quiso destacar también un fenómeno nuevo detectado en la sociedad española que son los casos de abusos de niños y niñas en los centros de protección de menores, donde se han recogido denuncias de abandono, medicación forzada, uso excesivo de la fuerza y abusos psicológicos y físicos.

 

Imágenes cedidas por Amnistía Internacional

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