Derechos Humanos y discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado, por segundo año consecutivo, el Informe Derechos Humanos y Discapacidad, que tiene como finalidad analizar el estado de aplicación y respeto de los principios y disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD).

Dicho documento, elaborado por la Delegada del CERMI para la CDPP, Ana Sastre, ha sido recientemente aprobado por el Comité Ejecutivo del CERMI, que se reunió en el Senado, donde su presidente, Javier Rojo, expresó su compromiso con el sector de la discapacidad.

El CERMI fue designado por el Gobierno de España en septiembre de 2009 como organismo de seguimiento independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención en España. En esta línea, el CERMI evidencia en este informe prácticas y disposiciones en claro conflicto con el Tratado, con la intención de llamar la atención de las administraciones públicas.

El comité denuncia ciertos incumplimientos

El pasado año, el CERMI denunció los sistemáticos incumplimientos de las normas de accesibilidad en los entornos, productos y servicios, incluidas las páginas de Internet. En su opinión, “el incumplimiento de las leyes existentes requiere un compromiso político que persiga y sancione este tipo de actuaciones que incluya el desarrollo autonómico del régimen de infracciones y sanciones previsto por la ley, sin el cual se deja sin efecto este sistema de protección”.

En este sentido, en el informe también se reclama la necesaria activación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como una herramienta de “especial relevancia” para el desarrollo y aplicación de la Convención, a fin de proporcionar los ajustes y apoyos necesarios que sitúen a las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Asimismo, el CERMI recuerda que la falta de cumplimiento del derecho de accesibilidad origina la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de acceso a la justicia, la educación o el derecho a una vida independiente.

Por otro lado, el CERMI ha registrado un incremento de denuncias relativas a la vulneración del derecho a la educación de las niñas y los niños con discapacidad; ya que es frecuente la denegación de ajustes razonables para acceder a una educación inclusiva, sobre todo para determinados alumnos y alumnas con mayores necesidades de apoyo.

El informe denuncia, por segundo año, las vulneraciones de derechos permitidas por el ordenamiento jurídico, que además, “afectan con mayor intensidad a las mujeres con discapacidad, como es la esterilización forzosa”.

Asimismo, se incluyen en dicho informe la regulación del aborto eugenésico o la necesidad de reformar el procedimiento de protección y garantías para las personas que requieren apoyo a la toma de decisiones para en el ejercicio de sus derechos, hoy incapacitadas judicialmente.