Malentendidos entre los inquilinos y la promotora LMB en Haro

@page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } Si hablamos de comunidades de vecinos no hay más que tirar de videoteca para descubrir que las historias entre propietarios e inquilinos han saltado a la gran pantalla. Todos recordamos las aventuras de una joven pareja que encuentra una casa en las afueras de Nueva York que acaba siendo una caja de reparaciones: 'Esta casa es una ruina' o las desventuras de una mujer que trabaja como vendedora de pisos para una agencia inmobiliaria y tras encontrar dinero en el apartamento de un muerto, se tiene que enfrentar a todos los vecinos en: 'La Comunidad'.

Pero muchas veces la realidad supera a la ficción. Y en este caso aunque los malentendidos entre una treintena de inquilinos y la promotora -propietaria- LMB en Haro no son casos tan fantásticos o cómicos como los argumentos de las películas antes mencionadas, tienen muchos elementos en común. Los inquilinos de las viviendas de protección oficial, ubicadas en el cruce de las calles Antonio Larrea y García Lorca de Haro, viven en régimen de alquiler con opción a compra y piden aumentar su margen de gestión sobre los inmuebles para evitar precios “abusivos”. La empresa promotora y propietaria Luis Martínez Benito S.A se muestra abierta a convocar más reuniones con los vecinos para explicarles sus derechos y obligaciones, pero por el momento ni uno ni otro han llegado a un acuerdo.

LOS INQUILINOS

Las quejas de estos vecinos parten de las limitaciones de su régimen, un estado intermedio entre arrendatario y propietario que implica -bajo su punto de vista- ciertas desventajas. Para mejorar su situación, proponen a la empresa mayor capacidad sobre la gestión de sus viviendas. Una de sus críticas reside en los 60 euros que pagan al mes por gastos de comunidad, un precio “excesivo” para “unas viviendas que tienen ascensor, escaleras y limpieza sin zonas comunes o piscina” aseguran.

Estos inquilinos han pagado ya los 10.000 euros por el I.V.A y han ingresado, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil. Haciendo cuentas, indican que entre el alquiler, 580 euros al mes; la cochera, 2,50 euros, los gastos de comunidad, 60 euros; y el pago del préstamo -en algunos de los casos- 250 euros; el total roza los 800 euros mensuales. Creen que de las 64 VPO al menos la mitad están sin vender, por lo que intuyen -no afirman- que están pagando por las casas vacías “no hay otra explicación” aseguran. Ya le comunicaron a LMB en una reunión, que pagan hasta el doble que otras viviendas con piscina de la zona, por lo que piden una reducción de gastos, como por ejemplo en la empresa de limpieza, que se desplaza desde Calahorra, o en la gestión de la comunidad, que ejerce la propietaria por 900 euros.

También resaltan desperfectos en las zonas comunes: cerramiento de las ventanas, ruido del ascensor que se cuela dentro de las viviendas o sistema eléctrico estropeado; y en el interior de las viviendas, donde los imprevistos pueden llegar a incrementar los gastos mensuales “130 euros para arreglar una mampara (...) o manillas que se estropean” indican (foto). Aunque están en periodo de garantías, y los arreglos ya llegarán, piden mayor comunicación y colaboración porque entienden que “ni nos dejan gestionarla a nosotros, ni lo hacen ellos”.

Al no ser los propietarios, no tienen derecho a reclamar y se sienten indefensos. El único derecho que tienen como inquilinos es buscar fuerza en la unión, por esta razón van a crear una asociación con sus preocupaciones comunes “la conversación habitual cuando nos encontramos en las escaleras”. Ya se han puesto en contacto con el IRVI y lo siguiente va a ser una reunión en el Ayuntamiento de Haro .

LOS PROPIETARIOS

La promotora y propietaria Luis Martínez Benito comunica a este medio que está dispuesta a convocar otra reunión para aclarar las dudas de los inquilinos ya que “hay mucho desconcierto y la ignorancia es a veces muy atrevida”. Recuerdan que ya se han reunido en varias ocasiones, ya que al menos hay una reunión anual. Advierten que a algunos de estos vecinos de Haro se les ha explicado en varias ocasiones que con la vía de alquiler con opción a compra no tienen derechos plenos de propietario hasta que no compren la vivienda. Será entonces, dentro de 5 años, “cuando podrán hacer y deshacer”. Por ahora, sus obligaciones -aclaran- se limitan a cumplir con los acuerdos que se tomaron contractualmente en el momento que se decidió la opción de alquiler.

Sobre las quejas de los vecinos que apuntan “gastos abusivos” y sospechan que se está pagando por las casas vacías, LMB asegura que “las VPO que no tienen régimen de alquiler los vecinos se ocupan de las gestiones como instalar una bombilla estropeada” por lo que el gasto es reducido, mientras que “una empresa necesita de su propio administrador para hacer estas gestiones” razón por la que “son un poquito más caros”. También resaltan que la propietaria se mueve dentro de la legalidad “en ningún caso, y más en una promoción de VPO, la empresa está desviando pagos de los propietarios para pagar la parte de la comunidad” porque de haber sido así “habríamos cerrado ya (...) es una barbaridad plantear eso”.

Una vez que sean inquilinos los propietarios podrán solicitar hasta tres presupuestos para conseguir un administrador, en una reunión ordinaria, mientras tanto LMB “debe garantizar la buena administración del edificio” aseguran. Si estos inquilinos no comprar la casa pasados los cinco años es como si hubieran pagado un alquiler al uso. Para aclarar por qué los inquilinos de Haro han pagado ya el I.V.A nos explican que se trata de un beneficio fiscal regulado por Ley. Hay dos maneras de pagarlo: en el momento de hacer la ejecución de compra, una vez pasados los 5 años de alquiler; o hacerlo antes. Al pagarlo con antelación se descuenta del precio de la vivienda y no hay gasto en el alquiler.

En cuanto a las averías o desperfectos, la propietaria asegura que hay que tener en cuenta el uso, como en cualquier contrato de alquiler, la dificultad recae en “discernir qué te toca a ti o a mi”. Pero aclaran que cualquier desperfecto como el arañazo de una puerta o la rotura de una manilla viene definido en la propia Ley de Arrendamientos Urbanos. Hay tres garantías en todas las viviendas: garantías por terminaciones (1 año), instalaciones (3 años) y estructura (10 años). Ahora bien, destacan, la ventaja que tienen es que LMB es el propietario, promotor y constructor, y cumple también el servicio “por lo cual no tienen problemas en ese sentido(...) tienen problemas en el sentido de qué es 'mal uso' o no”.