Más cerca de la libertad

Un importante paso hacia la apertura de Cuba se ha vivido en las últimas semanas con expectación a ambos lados del Atlántico. La excarcelación de varios presos políticos cubanos ha supuesto un largo proceso en el que han participado diferentes agentes, entre los que se encuentra España, representada en este caso por el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, además de la disidencia cubana y representantes eclesiásticos de la isla.

En marzo de 2003, Cuba vivió una dura etapa de represión durante la cual fueron arrestadas 75 personas pertenecientes a la oposición al régimen de la isla y del mundo de la cultura y la comunicación y condenadas a penas de cárcel de hasta 28 años.

Los arrestos fueron principalmente una respuesta del gobierno de Castro al importante respaldo popular al Proyecto Varela así como a otras iniciativas de la oposición política también dirigidas a la democratización del régimen político cubano.

El Proyecto Varela supuso un serio intento de promover un referéndum que diese la oportunidad a los habitantes de la isla de expresar su deseo de ciertas reformas democráticas.

Impulsado por el opositor Oswaldo Payá, este proyecto de ley se tradujo en el impulso de derechos básico para todos los cubanos: libertad de expresión, de asociación, amnistía para aquellos presos políticos que no hubiesen atentado contra la vida de otras personas, libertad económica traducida en el derecho a crear empresas privadas así como una nueva Ley Electoral en el marco de unas elecciones libres y plurales.

Esta propuesta fue abalada con la firma de 25.000 cubanos y presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular el 10 de mayo de 2002 y por segunda vez, el 3 de octubre de 2003. Payá, el impulsor de la propuesta y líder del Movimiento Cristiano Liberación, recibió el Premio Sarajov a la Libertad de Pensamiento en 2002 otorgado por el Parlamento Europeo.

De los arrestos que siguieron al auge popular de la propuesta, nació el grupo formado por familiares de presos políticos llamado 'Las Damas de Blanco'

que aún hoy se manifiesta pacíficamente por las calles cercanas a la iglesia de Santa Rita en La Habana y por otras ciudades cubanas.

Desde entonces, personas de diferentes procedencias han manifestado su rechazo ante las medidas represoras del régimen cubano.

Orlando Zapata Tamayo, uno de los 75 presos políticos encarcelados en 2003, murió a los 42 años en el Hospital Hermanos Ameijeiras en febrero de este año tras una huelga de hambre con una pena de cárcel a su espalda de 36 años por acumulación de penas. El disidente comenzó su huelga de hambre a causa de la negativa del Gobierno cubano de aceptar ciertas demandas como la de utilizar ropa blanca que le identificase como disidente. Protestaba además por las condiciones de vida de los presos políticos.

Guillermo Fariñas llevó a cabo por su parte una huelga de hambre de 135 días que comenzó el pasado 24 de febrero, fecha de la muerte de Zapata Tamayo, quien no llegó a ver la liberación de sus compañeros. Como él, Fariñas exigía la liberación de los 26 presos políticos y de conciencia que se encontraban encarcelados en ese momento a pesar de su precario estado de salud.

El disidente abandonó su huelga de hambre el pasado 8 de julio tras recibir la noticia de que el Gobierno cubano iba a proceder a la puesta en libertad de 52 presos políticos, la mayor excarcelación de disidentes desde 1998.

A la presión de la disidencia se han sumado los esfuerzos ejercidos por la Iglesia Católica cubana -encabezadas por el cardenal Jaime Ortega- quien inició una serie de conversaciones con el Gobierno de Castro con la mediación de Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores español.

Estas conversaciones se saldaron recientemente con el acuerdo de liberar a 52 presos políticos que serían enviados junto a sus familias a España. 20 de ellos aceptaron el trasladado que implicaba el abandono casi inmediato de Cuba tras su excarcelación, de los cuales nueve aún están a la espera del viaje que les sacará de la isla.

La Posición Común

Tras el anuncio realizado por el Gobierno cubano de excarcelar 52 presos políticos, Moratinos, presente en las conversaciones, señaló que ya no existe “ninguna razón” para que la Unión Europea mantenga la llamada Posición Común hacia Cuba.

Moratinos había recibido el encargo por parte de los Veintisiete de buscar una salida a la situación de los presos políticos en Cuba. En junio, el ministro español llegó al acuerdo con sus homólogos europeos de aplazar a septiembre la revisión que cada año hacen de su política hacia la isla.

La Posición Común, impulsada por José Maria Aznar en 1996, condiciona la relación de Europa con Cuba a avances en democracia y derechos humanos. Por su parte, la Habana exige su eliminación porque la considera una injerencia y una imposición unilateral por parte de los Veintisiete.

Moratinos explicó entonces que el aplazamiento de ese debate buscaba favorecer la mediación iniciada por la Iglesia cubana en favor de los presos, que hasta el momento del anuncio de excarcelación de 52 personas, se había traducido en la liberación de Ariel Sigler, el traslado de una docena de presos a cárceles más cercanas a sus lugares de origen y en la salida de la cárcel del médico disidente Darsi Ferrer.

El proceso de excarcelación y llegada a España

El primer grupo de disidentes llegó a España el 13 de julio. Siete ex presos cubanos con diversos problemas de salud llegaron a Madrid acompañados de sus familias.

Julio César Gálvez, uno de los primeros en llegar a la capital, leyó en rueda de prensa un comunicado en nombre de los 75 intelectuales, periodistas y opositores que fueron detenidos en la ola de represión de 2003 en el que afirmaba que su salida de la cárcel fue “posible por la lucha y el apoyo decidido de miles de cubanos en aras de la libertad, la democracia y la paz”.

Tuvieron durante su lectura una atención especial hacia aquellas personas excarceladas que decidieron no salir de su país afirmando “tener la esperanza” de que “los que quedan en Cuba gocen de las mismas libertades” que los que han tomado la alternativa de viajar a España.

En el momento de su llegada, el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, aseguró que los excarcelados gozarían de una “protección subsidiaria” por parte del Gobierno español.

El responsable de Inmigración de Cruz Roja, José Javier Sánchez, explicó por su parte que tras unos días de espera, las familias cubanas serían derivadas a los centros de acogida que la organización tiene en España donde se harían cargo de su manutención y se les ofrecería “apoyo médico y psicológico si fuera necesario”, así como asesoría y cursos de formación profesional para aquellos en edad de trabajar, y ayuda para la escolarización de los menores. La Comisión Española de Ayuda al

Refugiado y la ONG ACCEM, completarán las labores de acogida.

Según se explicó en su momento, tanto los excarcelados como sus familiares podrán obtener el permiso de trabajo y residencia en España. Los presos liberados no serán asilados políticos, por lo que podrían regresar a la isla si el régimen les autorizara a ello. Según fuentes diplomáticas, sus familiares podrán entrar y salir de Cuba libremente.

Tras la llegada de 4 expresos más, Moratinos anunció que un nuevo grupo vendría a España en los próximos días. Los presos “llegarán acompañados de medio centenar de familiares” y serán puestos bajo el denominado régimen de Protección Internacional Asistida (PIA), explicó. Estatus que se extenderá a los que ya se encuentran en nuestro país y sus familiares.

El objetivo actualmente del Ejecutivo español es que en un plazo de entre tres y cuatro meses todos los presos excarcelados por el Gobierno cubano que hayan venido a España dispongan de permiso de trabajo y residencia. Las autoridades españolas facilitarán a todos ellos la homologación de los títulos educativos que hayan obtenido en la isla para ayudarles en su acceso al mercado de trabajo.

El Ejecutivo español prevé que en los próximos meses se cuenten por “cientos”, entre ex reclusos y familiares, las personas que hayan llegado a España gracias al acuerdo ratificado la semana pasada en La Habana.