EEUU y su dedo acusador

Un año más Estados Unidos y su particular política antiterrorista sacan a la luz un informe elaborado por su Departamento de Estado, Country Reports on Terrorism, en el que no se duda en señalar a diferentes países de ser o bien patrocinadores del terrorismo o bien de no colaborar para erradicar este problema.

El documento relativo a 2009 acusa directamente a Cuba, Irán, Siria y Sudán como países patrocinadores de este tipo de actividades, lo que supone, al margen de las repercusiones en las relaciones diplomáticas, el mantenimiento de sanciones económicas o comerciales.

El informe hace hincapié en la contradicción de las autoridades cubanas que, mientras no apoyan la lucha armada y condenan el terrorismo, suponen un “paraíso seguro” para tres organizaciones terroristas.

En concreto, el Departamento estadounidense refiere a ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiana. “Algunos han llegado a Cuba tras negociaciones de paz con los gobiernos de Colombia y España”, reconoce el texto.

Estados Unidos también denuncia en este estudio que las autoridades cubanas “siguen permitiendo que fugitivos de Estados Unidos vivan ilegalmente en Cuba”.

Respecto a Irán, “el Estado más activo de los patrocinadores del terrorismo” según EEUU, el informe critica el apoyo “financiero, material y logístico” que brinda a las redes delictivas y que termina teniendo un “impacto directo sobre los esfuerzos internacionales para promover la paz”. Además, añade, “amenaza la estabilidad económica y perjudica el crecimiento de la democracia”.

Según el gobierno estadounidense, el Ejecutivo de Mahmud Ahmadineyad tiene vínculos con las milicias palestina Hamas y Yihad Islámica, el grupo chií libanés Hezbollah o los talibán, entre otras facciones. En este sentido denuncia la rama de la Guardia Revolucionaria para las operaciones externas, las Fuerzas Quds, ya que sería “el principal mecanismo del régimen para fomentar y apoyar a terroristas en el extranjero”.

Por otra parte, el informe incluye a Sudán porque, mientras la cooperación entre Washington y Jartum aumenta y ha acarreado “importantes beneficios”, altos cargos del país africano siguen mostrando abiertamente “resentimiento y desconfianza” sobre las actuaciones estadounidenses y ponen en duda la necesidad de la lucha contra el terrorismo.

“Con la excepción de Hamas, cuyos miembros el gobierno de Sudán considera guerrilleros por la libertad, el gobierno no apoya abiertamente la presencia de elementos extremistas en el país”, aplaude el texto como aspecto positivo. Jartum “también ha trabajado para impedir que guerrilleros extranjeros usen Sudán como base logística y punto de tránsito para terroristas que van a Irak”, pese a la presencia de determinados individuos con vínculos con redes iraquíes y somalíes.

En una crítica similar a la de Sudán, el Departamento de Estado dice de Siria, pese a que condena públicamente el terrorismo, distingue entre determinados atentados y los que perpetran “movimientos de liberación nacional” como grupos palestinos, Hezbollah o miembros de la insurgencia iraquí. Además, el documento lamenta las alianzas entre Siria e Irán, “su aliado estratégico”.

Bolivia y Venezuela, poco colaboradores

Por otro lado, el informe también critica la escasa colaboración que a su juicio brindan las autoridades venezolanas y bolivianas para combatir el terrorismo regional e internacional.

Sobre Venezuela destaca el grado de apoyo que supuestamente Caracas ofrece a grupos rebeldes colombianos como las FARC o el ELN.

El informe sostiene que ambos grupos cruzan en ocasiones la frontera venezolana desde Colombia para “descansar y reagruparse”, al tiempo que destaca que en ocasiones armamento adquirido por el Ejército de Venezuela ha acabado en manos de las FARC.

En este aspecto destaca los misiles antitanque AT-4 de fabricación sueca vendidos a Venezuela en 1984, que según denunciaron medios colombianos en 1995 acabaron en manos del ELN.

El texto también destaca que Venezuela ha protegido en ocasiones a miembros de ETA residentes en su territorio, y pone el ejemplo del etarra Ignacio Echevarría Landazábal, al que el Tribunal Supremo venezolano se negó a extraditar a España en 2009.

El informe también se hace eco de declaraciones del presidente venezolano, Hugo Chávez, que en una ocasión denominó a Estados Unidos “país terrorista” y “primer patrocinador mundial del terrorismo”.

También se destaca el fortalecimiento de los vínculos entre Venezuela e Irán. Ante esto, EEUU considera que Venezuela “no está cooperando plenamente” en la lucha contra el terrorismo.

En cuanto a Bolivia, el informe destaca que este país “sólo coopera mínimamente” en la lucha antiterrorista y destaca que no comparte información sobre este tema con Washington.

En el informe se dice que Estados Unidos ha ofrecido fondos para entrenar a las fuerzas de seguridad bolivianas en la lucha contra el terrorismo, pero que hasta ahora las autoridades del país sudamericano siempre han rechazado estos ofrecimientos.

Por otro lado, el informe sostiene que Bolivia presenta una serie de deficiencias estructurales en lo relativo a impedir la financiación de grupos terroristas en su territorio.

Por último, el informe del Departamento de Estado señala con preocupación el fortalecimiento de las relaciones entre La Paz y Teherán, al mismo tiempo que se hace eco de denuncias que sostienen que recibieron entrenamiento militar en territorio boliviano militantes de grupos terroristas como las FARC, Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.